El concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco es la ley de:
Ley 12/2002, de 25 de Mayo
Ley 12/2001, de 25 de Mayo
Ley de 12/2002, de 23 de Mayo
Ley de 12/2002, de 27 de Mayo
El marco jurídico-positivo del Concierto Económico tiene su elemento fundamental en:
La disposición adicional primera de la Constitución
La disposición adicional segunda de la Constitución
La disposición transitoria primera de la Constitución
La disposición adicional tercera de la Constitución
En cumplimiento de del mandato constitucional referido, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado:
Por Ley Orgánica 2/1979, de 18 de diciembre
Por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre
Por Ley 4/1979, de 19 de diciembre
Por Ley Orgánica 3/1979, de 21 de diciembre
Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos del País Vasco pueden:
mantener y regular su propio sistema tributario
mantener, financiar y regular su propio sistema tributario
mantener, establecer y financiar su propio sistema tributario
mantener, establecer y regular su propio sistema tributario
El ejercicio de la potestad tributaria foral, como elemento material constitutivo de la especialidad vasca, requiere, a su vez, el adecuado ordenamiento de las:
relaciones de índole financiera y tributaria entre el Estado y el País Vasco
relaciones de índole financiera y económica entre el Estado y el País Vasco
relaciones de índole financiera y tributaria entre el Estado y el Gobierno Vasco
relaciones de índole financiera y económica entre el Estado y el Gobierno Vasco
El primer Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco fue aprobado por la Ley:
12/1982, de 14 de Mayo
12/1981, de 14 de Mayo
12/1981, de 16 de Mayo
12/1981, de 13 de Mayo
El nuevo Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, sigue:
Los mismos principios y bases pero distintas directrices que el concierto de 1982
Los mismos principios, bases y directrices que el concierto de 1982
Los mismos principios y bases que el concierto de 1982
Los mismos principios, bases y directrices que el concierto de 1981
Se confiere, por lo demás, al Concierto Económico un carácter:
definido
indefinido
estable
prioritario
Tanto el Estado como el País Vasco, para la aprobación del primer concierto económico, han procedido a establecer el presente, habiéndose aprobado el correspondiente acuerdo por la Comisión Mixta de Cupo:
El 6 de Mayo de 2002
El 5 de Mayo del 2001
El 7 de Marzo de 2001
El 6 de Marzo de 2002
En la disposición adicional única del presente estatuto, se da nueva redacción al apartado 2 de la disposición final quinta de la Ley:
Ley 18/2002, de 14 de diciembre
Ley 18/2001, de 12 de diciembre
Ley 18/2001, de 13 de diciembre
Ley 18/2002, de 15 de diciembre
La presente Ley entrará en vigor:
al día siguiente de su publicación en el BOE
Al de dos días de su publicación en el BOE
Al de una semana de su publicación en el BOE
Al dia siguiente de su publicación en el BOPV
Corresponderá a las respectivas Diputaciones Forales:
La exacción, gestión, liquidación, inspección, formalización y recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos
La exacción, gestión, liquidación, revisión y recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos
La exacción, gestión, liquidación, inspección y revisión de los tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos
La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos
El sistema tributario que establezcan los Territorios Históricos seguirá uno de los siguientes principios:
Respeto de la igualdad en los términos prevenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía
Respeto de la igualdad en los términos prevenidos en la Constitución y en el Concierto Económico
Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía
Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el Concierto Económico
Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Gobierno Español
Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado
Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Gobierno Vasco
Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estatuto
Sometimiento a los Tratados o Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Gobierno Vasco
Sometimiento a los Tratados o Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Gobierno español
Sometimiento a los Tratados o Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Rey
Sometimiento a los Tratados o Convenios Internacionales firmados y ratificados por el Estado español
Los Territorios Históricos en la elaboración de la normativa tributaria:
Respetaran pero no garantizaran la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español
No respetaran ni garantizaran la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español
Respetaran y garantizaran la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios fuera del territorio español
Respetarán y garantizaran la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español
Utilizaran la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas que en territorio común
Utilizaran la misma clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, de servicios y artísticas que en territorio común
Utilizaran distinta clasificación de actividades ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas que en territorio común
Utilizaran la misma clasificación de actividades ganaderas, industriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas que en territorio común
Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del País Vasco
Mantendrán una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado.
Mantendrán una presión fiscal efectiva territorial equivalente a la existente en el resto del Estado.
Mantendrán una presión fiscal inefectiva global equivalente a la existente en el resto del País Vasco.
Se adecuaran a la Ley Particular Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente Concierto Económico.
Se adecuaran a la Ley General Presupuestaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente Concierto Económico.
Se adecuaran a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente Estatuto.
Se adecuaran a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente Concierto Económico.
Según el principio de colaboración, Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos:
comunicaran a la Administración del País Vasco, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normativas en materia tributaria.
comunicaran a la Administración del Gobierno Vasco, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normativas en materia tributaria.
comunicaran a la Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normativas en materia tributaria.
comunicaran a la Administración del Estado, con la debida antelación a su entrada en vigor, los proyectos de disposiciones normativas en materia presupuestaria.
El órgano que arbitrará los mecanismos que permitan la colaboración de las Instituciones del País Vasco en los Acuerdos internacionales que incidan en la aplicación del presente Concierto Económico es:
El Estado
El Gobierno Vasco
El Gobierno Español
El Parlamento Vasco
En el ejercicio de las funciones que les competen en orden a la gestión, inspección y recaudación de sus tributos, se facilitarán mutuamente, en tiempo y forma adecuados, cuantos datos y antecedentes estimen precisos para su mejor exacción:
El Estado y el Gobierno Vasco.
El Gobierno Español y los Territorios Históricos.
El Estado y el País Vasco.
El Estado y los Territorios Históricos.
Se elaborará un plan conjunto y coordinado de informática fiscal entre ambas administraciones (Estado y Territorios Históricos):
mensualmente
anualmente
semestralmente
semanalmente
Prepararán planes conjuntos de inspección sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos coordinados, así como sobre contribuyentes que hayan cambiado de domicilio, entidades en régimen de transparencia fiscal y sociedades sujetas a tributación en proporción al volumen de operaciones en el Impuesto sobre Sociedades:
Los servicios de revisión
Los planes de gestión
Los servicios de inspección
Los servicios de recaudación
¿Qué órganos arbitrarán los procedimientos de intercambio de información que garanticen el adecuado cumplimiento de los Tratados y Convenios internacionales del Estado y, en particular, de la normativa procedente de la Unión Europea en materia de cooperación administrativa y asistencia mutua?
El Estado y las Instituciones del País Vasco
El Estado y la Unión Europea
El Gobierno Español y el País Vasco
El País Vasco y la Unión Europea
Constituirán competencias exclusivas del Estado:
La regulación, gestión, inspección, revisión y recaudación de los derechos de exportación y de los gravámenes a la exportación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
La regulación, gestión, inspección, revisión y recaudación de los derechos de importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
La regulación, gestión, inspección y recaudación de los derechos de importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
La regulación, gestión, inspección, revisión y recaudación de los derechos de importación y de los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.
La alta inspección de la aplicación del presente Estatuto, a cuyo efecto los órganos del Estado encargados de la misma emitirán semanalmente, con la colaboración del Gobierno Español y de las Diputaciones Forales, un informe sobre los resultados de la referida aplicación.
La alta inspección de la aplicación del presente Concierto Económico, a cuyo efecto los órganos del Estado encargados de la misma emitirán anualmente, con la colaboración del Parlamento Vasco y de las Comunidades Autónomas, un informe sobre los resultados de la referida aplicación.
La alta inspección de la aplicación del presente Concierto Económico, a cuyo efecto los órganos del Estado encargados de la misma emitirán semestralmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales, un informe sobre los resultados de la referida aplicación.
La alta inspección de la aplicación del presente Concierto Económico, a cuyo efecto los órganos del Estado encargados de la misma emitirán anualmente, con la colaboración del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales, un informe sobre los resultados de la referida aplicación.
El capítulo 2 del presente Concierto Económico es sobre:
Los tributos
Las comisiones y Junta arbitral del Concierto Económico
Disposiciones adicionales
Las relaciones financieras
El capítulo 1 del presente Concierto Económico es sobre:
Las comisiones y Junta arbitral del concierto Económico
Las disposiciones adicionales
Las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco se regirán por los siguientes principios:
Coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad tributaria.
Coordinación y colaboración con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.
Coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad social.
Coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad presupuestaria.
Respeto de la igualdad en los términos prevenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.
Respeto de la justicia en los términos prevenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.
Respeto de la solidaridad en los términos prevenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.
Respeto de la privacidad en los términos prevenidos en el Concierto Económico y en el Estatuto de Autonomía.
Señala la afirmación correcta:
La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios Históricos, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo parcial, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios Históricos, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios Históricos, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma el Estado.
La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo parcial, integrado por los correspondientes a cada una de sus diputaciones, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El artículo 49 del presente Concierto Económico es sobre:
Principios generales de las relaciones financieras
Competencias exclusivas del Estado
El principio de colaboración
El concepto de cupo
¿Qué órgano aprueba el concierto económico?
Las Juntas Generales
El artículo 1 del capítulo 1 (Tributos) del Concierto Económico es sobre:
Armonización fiscal
Competencias de las Instituciones de los Territorios Históricos
Principios generales
Principio de colaboración
La Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos es la:
Ley 27/1983, de 27 de Noviembre
Ley 27/1983, de 25 de Noviembre
Ley 27/1982, de 26 de Noviembre
Ley 27/1983, de 23 de Noviembre
La Ley 27/1983, de 25 de Noviembre:
Regula las competencias de las Instituciones Comunes
Regula las competencias de los Territorios Históricos
Regula las competencias de las Instituciones Comunes y las Comunidades Autónomas
Regula las competencias de las Instituciones Comunes y los Territorios Históricos
En la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, el capítulo primero corresponde a:
El nivel competencial de las Instituciones Comunes
El nivel competencial de las Comunidades Autónomas
El nivel competencial de los Territorios Históricos
El nivel competencial de las Instituciones Comunes y los Territorios Históricos
En la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, el capítulo segundo corresponde a:
El nivel competencial de los Territorios Históricos y las Instituciones Comunes
En el capítulo 1, es de la competencia de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma:
La legislación en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos.
La ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos.
La legislación y la ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos.
la legislación y el desarrollo en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos.
En el capítulo 1, de las competencias de las Instituciones Comunes:
La facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Parlamento.
La facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Gobierno Vasco.
La facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Gobierno Español.
La facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Estado.
En el capítulo 2, los Órganos Forales de los Territorios Históricos tienen competencia exclusiva en:
Fomento del deporte. Programas de deporte escolar y deporte para todos.
Producción y sanidad animal.
Régimen de aprovechamiento de la riqueza piscícola continental y cinegética.
Montes, aprovechamientos, servicios forestales, vías pecuarias y pastos en los términos del artículo 10.8 del Estatuto de Autonomía; guardería forestal y conservación y mejora de los suelos agrícolas forestales.
Sanidad vegetal, reforma y desarrollo agrario; divulgación, promoción y capacitación agraria; viticultura y enología; producción vegetal, salvo semillas y plantas de viveros.
Defensa contra incendios.
Planificación, proyecto, construcción, conservación, modificación, financiación, uso y explotación de carreteras y caminos.
Administración de espacios naturales protegidos.
Archivos, Bibliotecas, Museos e Instituciones relacionadas con las Bellas Artes y Artesanía, de titularidad del Territorio Histórico.
Conservación, mejora, restauración o, en su caso, excavación del Patrimonio Histórico Artístico Monumental y Arqueológico.
Asistencia social, sin perjuicio de la acción directa de las Instituciones Comunes del País Vasco.
Policía de las aguas públicas continentales y de sus cauces naturales, riberas y servidumbres.
Creación y mantenimiento de organismos culturales de interés del Territorio Histórico.
Redacción y aprobación del Plan Foral de Obras y Servicios, asistencia y asesoramiento técnico a las Entidades Locales.
Régimen electoral municipal y de Entidades Locales menores.
Régimen de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio público como patrimoniales o de propios y comunales.
Todas las respuestas son correctas
En el capítulo 2, corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo y la ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes en:
Obras públicas cuya realización no afecte a otros Territorios Históricos o no se declare de interés general por el Parlamento.
Conservación, mejora, restauración o, en su caso, excavación del Patrimonio Histórico Artístico Monumental y Arqueológico
Fomento del deporte
En el capítulo 2, corresponde a los Territorios Históricos la ejecución, dentro de su territorio, de la legislación de las Instituciones Comunes en:
Desarrollo comunitario, condición femenina. Política infantil, juvenil, de la tercera edad, ocio y esparcimiento, sin perjuicio de la acción directa en estas materias por parte de las Instituciones Comunes del País Vasco.
En materia de urbanismo, corresponde a los Territorios Históricos las facultades de iniciativa, redacción, ejecución, gestión, fiscalización e información, así como las de aprobación de los instrumentos de la Ordenación Territorial y Urbanística.
Corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo normativo y ejecución de la legislación básica del Estado en aquellas materias atribuidas al desarrollo y ejecución de aquellas.
Corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo normativo y ejecución de la legislación básica del Estado en aquellas materias atribuidas a la competencia exclusiva de aquellas.
Corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo normativo y ejecución de la legislación básica del Estado en aquellas materias atribuidas a la ejecución, dentro de su territorio, de aquellas.
Corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo normativo y ejecución de la legislación básica del Estado en aquellas materias atribuidas al desarrollo normativo de aquellas.
En las materias que sean de la competencia exclusiva de los Territorios Históricos, les corresponden a éstos las siguientes potestades:
Normativa, aplicándose las normas emanadas de sus Órganos Forales con preferencia a cualesquiera otras; Reglamentaria y Revisora en la vía administrativa.
Normativa, aplicándose las normas emanadas de sus Órganos Forales con preferencia a cualesquiera otras; Reglamentaria y Administrativa, incluida la inspección.
Normativa, aplicándose las normas emanadas de sus Órganos Forales con preferencia a cualesquiera otras y Reglamentaria.
Normativa, aplicándose las normas emanadas de sus Órganos Forales con preferencia a cualesquiera otras; Reglamentaria, Administrativa, incluida la inspección y Revisora en la vía administrativa.
En las materias en que corresponde a los Territorios Históricos el desarrollo normativo y la ejecución, tienen las siguientes potestades:
De desarrollo normativo de las normas emanadas de las Instituciones Comunes, Reglamentaria, Administrativa incluida la inspección y revisora en la vía administrativa.
Normativa, Reglamentaria, Administrativa incluida la inspección y revisora en la vía administrativa.
De desarrollo normativo de las normas emanadas de las Instituciones Comunes, Administrativa incluida la inspección y revisora en la vía administrativa.
De desarrollo normativo de las normas emanadas de las Instituciones Comunes, Reglamentaria y Administrativa incluida la inspección.
En las materias en que corresponde a los Territorios Históricos la ejecución, tendrán las siguientes potestades
Reglamentaria, para la organización de sus propios servicios, Administrativa, incluida la inspección y Revisora en la vía administrativa.
De desarrollo normativo, Reglamentaria, Administrativa, incluida la inspección y Revisora en la vía administrativa.
Normativa, Reglamentaria, Administrativa, incluida la inspección y Revisora en la vía administrativa.
Normativa, Reglamentaria y Revisora
Para la financiación y desarrollo de todas sus competencias y facultades, los Territorios Históricos dispondrán de plena capacidad económica en los términos previstos en la presente Ley.
Para la financiación y desarrollo de todas sus competencias y facultades, los Territorios Históricos dispondrán de plena capacidad administrativa en los términos previstos en la presente Ley.
Para la financiación y desarrollo de todas sus competencias y facultades, los Territorios Históricos dispondrán de plena capacidad presupuestaria en los términos previstos en la presente Ley.
Para la financiación y desarrollo de todas sus competencias y facultades, las Diputaciones Forales dispondrán de plena capacidad presupuestaria en los términos previstos en la presente Ley.
Todas las competencias y facultades correspondientes a los Órganos Forales se entienden referidas fuera de su respectivo territorio, sin perjuicio de la eficacia personal que, en los supuestos previstos en el Concierto Económico, podrán tener las normas emanadas de los Territorios Históricos.
Todas las competencias y facultades correspondientes a los Órganos Forales se entienden referidas a su propio y respectivo territorio, sin perjuicio de la eficacia personal que, en los supuestos previstos en el Estatuto de Autonomía, podrán tener las normas emanadas de los Territorios Históricos.
Todas las competencias y facultades correspondientes a los Órganos Forales se entienden referidas a su propio y respectivo territorio, sin perjuicio de la eficacia personal que, en los supuestos previstos en el Estatuto de Autonomía, podrán tener las normas emanadas de las Diputaciones Forales.
Todas las competencias y facultades correspondientes a los Órganos Forales se entienden referidas a su propio y respectivo territorio, sin perjuicio de la eficacia personal que, en los supuestos previstos en el Concierto Económico, podrán tener las normas emanadas de los Territorios Históricos.
Según el artículo 9, señala la afirmación correcta:
Los Territorios Históricos podrán realizar estadísticas para los propios fines y competencias a ellas reconocidas en la presente Ley, no incluidas en el Plan Estadístico de la Comunidad Autónoma
Las Diputaciones Forales podrán realizar estadísticas para los propios fines y competencias a ellas reconocidas en la presente Ley, no incluidas en el Plan Estadístico de la Comunidad Autónoma
Las Comunidades Autónomas podrán realizar estadísticas para los propios fines y competencias a ellas reconocidas en la presente Ley, no incluidas en el Plan Estadístico de la Comunidad Autónoma
Las Instituciones Comunes podrán realizar estadísticas para los propios fines y competencias a ellas reconocidas en la presente Ley, no incluidas en el Plan Estadístico de la Comunidad Autónoma
Corresponden a las Diputaciones Forales de la Comunidad Autónoma las competencias de Legislación, Desarrollo Normativo, Alta Inspección, Planificación y Coordinación en materia de Transportes Mecánicos por carretera
Corresponden a las Comunidades Autónomas de la Comunidad Autónoma las competencias de Legislación, Desarrollo Normativo, Alta Inspección, Planificación y Coordinación en materia de Transportes Mecánicos por carretera
Corresponden a los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma las competencias de Legislación, Desarrollo Normativo, Alta Inspección, Planificación y Coordinación en materia de Transportes Mecánicos por carretera
Corresponden a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma las competencias de Legislación, Desarrollo Normativo, Alta Inspección, Planificación y Coordinación en materia de Transportes Mecánicos por carretera
Según el artículo 6 de las competencias de las Intituciones Comunes, señala la afirmación correcta
la facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Parlamento.
la facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Gobierno Vasco
la facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Lehendakari.
la facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva a las Instituciones Comunes
Es de la competencia de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma la legislación y la ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos.
Es de la competencia de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la legislación y la ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo al Estado Español según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos.
Es de la competencia de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la legislación y la ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos.
Es de la competencia de las Diputaciones Forales de la Comunidad Autónoma la legislación y la ejecución en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los Órganos Forales de los Territorios Históricos.
En la Ley 27/1983, de 25 de Noviembre, el título primero corresponde a:
De las competencias de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma.
De las competencias de los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.
De las competencias de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y de los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.
De las competencias de las Instituciones Comunes del Estado y de los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.
La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común es de:
Ley 30/1991, de 28 de Noviembre
Ley 30/1992, de 23 de Noviembre
Ley 30/1991, de 25 de Noviembre
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre
En la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el título VI corresponde a:
De las administraciones públicas y sus relaciones
De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos
De los órganos de las administraciones públicas
De las disposiciones y los actos administrativos
En el título VI, de las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos, el capítulo 1 corresponde a:
Ordenación del procedimiento
Instrucción del procedimiento
Iniciación del procedimiento
Finalización del procedimiento
En el título VI, de las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos, el capítulo 2 corresponde a:
Ejecución del procedimiento
En el título VI, de las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos, el capítulo 3 corresponde a:
En el título VI, de las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos, el capítulo 5 corresponde a:
Finalizaciónn del procedimiento
En el artículo 68, clases de iniciación del procedimiento:
Los procedimientos podrán iniciarse sólamente de oficio
Los procedimientos podrán iniciarse sólamente a solicitud de persona interesada.
Los procedimientos podrán iniciarse de a solicitud de persona no interesada
Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.
Según el artículo 69, Iniciación de Oficio:
Con anterioridad al acuerdo de finalización, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Con anterioridad al acuerdo de iniciación, no podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Con anterioridad al acuerdo de ejecución, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Según el artículo 70, las solicitudes de iniciación que se formulen deberán contener:
Nombre y apellidos del interesado; hechos, razones y petición en que se concrete; lugar y fecha; y firma del solicitante.
Nombre y apellidos del interesado; hechos, razones y petición en que se concrete; firma del solicitante; y órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
Nombre y apellidos del interesado; hechos, razones y petición en que se concrete; lugar y fecha; firma del solicitante; y órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
Nombre y apellidos del interesado; hechos, razones y petición en que se concrete; lugar y fecha; y órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos.
Las Administraciones Públicas podrán establecer modelos sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos.
Las Administraciones Públicas no deberán establecer modelos sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos.
Las Administraciones Públicas no podrán establecer modelos sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos.
En el artículo 71, Subsanación y mejora de la solicitud:
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de quince días, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de veinte días, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de treinta días, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos
En el artículo 72, de las Medidas Provisionales:
Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción
Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción
Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de ejecución del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción
Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de finalización del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción
No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
Se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
Se deberán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
Será obligatorio adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
En el artículo 74, referido al Impulso en la Ordenación del Procedimiento:
El procedimiento, sometido al criterio de solidaridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.
El procedimiento, sometido al criterio de igualdad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.
El procedimiento, sometido al criterio de transparencia, se impulsará de oficio en todos sus trámites.
El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.
En relación al artículo 76, En el cumplimiento de trámites:
Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación del correspondiente acto
Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de quince días a partir de la notificación del correspondiente acto
Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de veinte días a partir de la notificación del correspondiente acto
Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de treinta días a partir de la notificación del correspondiente acto
Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de quince días para cumplimentarlo.
Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.
Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de veinte días para cumplimentarlo.
Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de treinta días para cumplimentarlo.
Según el artículo 79, de Alegaciones:
Los interesados no podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones pero no podrán aportar documentos u otros elementos de juicio.
Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
Los interesados no podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones pero sí aportar documentos u otros elementos de juicio.
En relación al artículo 87, Finalización del Procedimiento:
Pondrán fin al procedimiento la resolución, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad.
Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad.
Pondrán fin al procedimiento, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad.
Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia sí esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad.
En el artículo 88, en la Finalización del Procedimiento, en la Terminación Convencional:
Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado
Las Administraciones Públicas no podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado
Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas de derecho público pero no de derecho privado
Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas de derecho privado pero no de derecho público.
En el artículo 92, Requisitos y Efectos, en cuanto a la caducidad del procedimiento:
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos dos meses, se producirá la caducidad del mismo.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurrido un mes, se producirá la caducidad del mismo
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos quince días, se producirá la caducidad del mismo
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo.
En el artículo 95, Ejecución Forzosa, señala la afirmación correcta:
Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales.
Las Diputaciones Forales, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales.
Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución voluntaria de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales.
Las Instituciones Comunes, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución voluntaria de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales.
La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:
Apremio sobre el patrimonio, Ejecución forzosa, Multa coercitiva y Compulsión sobre las personas.
Apremio sobre el patrimonio, Ejecución subsidiaria, Multa coercitiva y Compulsión sobre las personas.
Apremio sobre el patrimonio, Ejecución subsidiaria, Multa coercitiva y Compulsión sobre las personas y bienes.
Apremio sobre el patrimonio, Ejecución Forzosa, Multa coercitiva y Compulsión sobre las personas y bienes.
En EL ARTÍCULO 109, Fin de la vía administrativa, ponen fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. d) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.
a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. d) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. c) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
En el artículo 110, La Interposición del recurso deberá expresar:
a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación del mismo. b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. c) Lugar, fecha, firma del recurrente. d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.
a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación del mismo. b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. c) Lugar, fecha, firma del recurrente. d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige. e) Las demás particularidades exigidas
a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación del mismo. b) Lugar, fecha, firma del recurrente. c) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige. d) Las demás particularidades exigidas
a) El nombre y apellidos del recurrente. b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. c) Lugar y firma del recurrente. d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige. e) Las demás particularidades exigidas
Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en uno de los casos siguientes:
Los que tengan un contenido posible.
Los que sean constitutivos de infracción económica o se dicten como consecuencia de ésta.
Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
Los que no lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto.
La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos veinte días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto.
La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos quince días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto.
La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos diez días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto.
En el artículo 112, Audiencia de los Interesados:
Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.
Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a quince días ni superior a veinte, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.
Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a veinte días ni superior a treinta, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.
Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a treinta, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.
Señala la correcta afirmación:
Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en recurso extraordinario de revisión ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en ejecución forzosa ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en ejecución subsidaria ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
En cuanto al recurso de alzada:
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dicto el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de quince días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dicto el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dicto el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de veinte días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dicto el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de treinta días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso.
El plazo para la interposición del recurso de alzada será de dos meses, si el acto fuera expreso.
El plazo para la interposición del recurso de alzada será de tres meses, si el acto fuera expreso.
El plazo para la interposición del recurso de alzada será de quince días, si el acto fuera expreso.
En cuanto al recurso de alzada, si el acto no fuera expreso, el plazo para la interposición del recurso:
el plazo será de dos meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
el plazo será de un mes y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
En el recurso de alzada:
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de dos meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso
Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en alzada ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en revisión ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en ejecución subsidiaria ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de dos meses.
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de quince días, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de un mes.
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses.
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de tres meses, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de Reposición será de un mes.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de Reposición será de dos meses.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de Reposición será de tres mes.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de Reposición será de seis meses.
Señala la afirmación correcta en cuanto al Recurso Extraordinario de Revisión:
El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo de dos años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de seis meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo de tres años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de dos meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa primera, dentro del plazo de cinco años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
En cuanto a la resolución del Recurso Extraordinario de Revisión:
Transcurrido el plazo de seis meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
Transcurrido el plazo de dos meses desde la interposición del recurso de alzada sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
