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Toda disposición dineraria realizada por una Administración con contraprestación directa de los beneficiarios.

Toda disposición dineraria realizada por una Administración sin contraprestación directa de los beneficiarios, en la medida en que tal disposición dineraria signifique un beneficio fiscal o un beneficio en la cotización a la Seguridad Social.

Toda disposición dineraria realizada por una Administración, sin contraprestación directa de los beneficiarios, sujeta al cumplimiento de un proyecto o actividad que tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social.

La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y Los organismos autónomos y demás entidades públicas reguladas en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración General y del Sector Público autonómico de Galicia.

Las entidades locales de Galicia, incluidos los organismos y entes dependientes de las mismas.

Es de aplicación a los dos supuestos anteriores.

Se incluyen en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2007 de 13 de Junio.

Se excluyen del ámbito de aplicación de la Ley 9/2007 de 13 de Junio.

Se incluyen en el ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Podrán ser desconcentradas o delegadas en los términos fijados en las normas sobre la atribución y el ejercicio de competencias.

No podrán ser nunca desconcentradas o delegadas.

Podrán ser delegadas, pero no desconcentradas, en los términos fijados en las normas sobre la atribución y el ejercicio de competencias.

Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

Cuando los beneficiarios sean los miembros de una sociedad mercantil, los administradores de la beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de la primera tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

Las personas jurídicas, de acuerdo con sus bases reguladoras, no pueden ser beneficiarias de subvenciones. Sus miembros tampoco podrán tener la consideración de beneficiarios.

Ser condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

Solicitar la declaración de concurso, ser declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención, ser condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la judicial o ser inhabilitados conforme a la Ley concursal sin que concluya el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

Pueden serlo las dos anteriores, si por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

Destruir todos los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan resultar afectados por el deber de confidencialidad y secreto.

Las dos respuestas anteriores son correctas.

En el momento en que se conozca.

En el momento en que se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos

Con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos del órgano concedente de la subvención, previa integración de dichos fondos en su patrimonio.

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en el convenio celebrado con la entidad concedente.

Que superen la cuantía de 3.000.000 de euros por beneficiario.

Que superen la cuantía de 150.000 de euros por beneficiario.

Las que superen los 150.000 euros individualmente y se concedan con cargo a los créditos presupuestarios del capítulo VII, «Transferencias de capital», destinadas a familias e instituciones sin fines de lucro.

En el Diario Oficial de Galicia con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

En la web oficial con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

En las dos anteriores.

Es el de concurrencia competitiva.

Es el procedimiento abierto, con publicidad, mediante subasta o concurso.

Es el de concurrencia competitiva, en el que se prorratea entre los beneficiaros de la subvención, hasta el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible.

Legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Legitima a los interesados para entender estimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Determina que los interesados se tengan que dirigir al órgano competente para que se pronuncie sobre el particular.

Una generación, ampliación o incorporación de crédito o que existan remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo crédito o a créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio.

Remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo crédito o a créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio.

En ningún caso se podrán otorgar subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.

Actuación del solicitante de la subvención tendente a subsanar las causas que motivaron inicialmente la no concesión de la subvención.

Actuación del solicitante de la subvención, tendente a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

Actuación del solicitante de la subvención, tendente a aumentar el importe solicitado hasta equipararlo al importe propuesto.

La normativa reguladora de la subvención podrá exigir al beneficiario un porcentaje de financiación propia para cubrir la actividad subvencionada.

Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios no incrementan el importe de la subvención concedida.

Las subvenciones son siempre compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, siempre y cuando la suma de sus importes no supere el coste de la actividad subvencionada.

Se excluyen totalmente del ámbito de aplicación de la Ley 9/2007.

Se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 9/2007.

Se rigen por su normativa específica y, en su defecto, por las prescripciones de la Ley 9/2007 que sean acomodadas a la naturaleza de tales operaciones.

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en la Ley 9/2007.

Podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en la Ley 9/2007 previa solicitud de la entidad interesada.

Podrán tener la condición de entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en la Ley 9/2007, pero no de entidad beneficiaria.

Ha de realizarse, en todo caso, mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o mediante certificación administrativa, según los casos.

Podrá ser realizado mediante una declaración responsable.

Debe acreditarse mediante certificado negativo de prohibición de contratar emitido por el órgano concedente de la subvención.

Siempre.

Nunca.

En determinados casos.

Las previstas en el art. 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las previstas en el art. 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la carencia o insuficiencia de crédito de conformidad con el art. 57 del Decreto Legislativo 1/1999 de 7 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia.

Las de los dos apartados anteriores y además las demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, de las reglas contenidas en la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

El reintegro de las cantidades percibidas y el interés de demora desde el pago de la subvención.

El reintegro de las cantidades percibidas y el interés de demora desde el pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

El reintegro de las cantidades percibidas y el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de su pago.

Tendrán la consideración de ingresos de derecho público y será de aplicación para su cobro lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1999 de 7 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia.

Tendrán la consideración de ingresos de derecho público y será de aplicación para su cobro el procedimiento ejecutivo previsto con carácter general en la Ley General Tributaria.

Tendrán consideración de ingresos de derecho privado y formarán parte del Patrimonio de la Entidad Local.

Caduca a los 4 años.

Prescribe a los 4 años.

Prescribe a los 5 años.

Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación por parte del beneficiario o entidad colaboradora y, en su caso, desde el momento de la concesión en el supuesto previsto en el apartado 9 del artículo 28º.

En el supuesto de que se hubieran establecido condiciones u obligaciones que debieran ser cumplidas o mantenidas por parte del beneficiario o entidad colaboradora durante un periodo determinado de tiempo, desde el momento en que venció dicho plazo.

Las dos anteriores.

Nunca.

Únicamente por iniciativa del beneficiario, como consecuencia de la interposición de recursos de cualquier clase o por la liquidación de la subvención o reintegro.

Por cualquier acción de la administración, realizada con conocimiento formal del beneficiario o de la entidad colaboradora, que conduzca a determinar la existencia de alguna de las causas de reintegro, por la interposición de recursos de cualquier clase, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el ministerio fiscal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del beneficiario o de la entidad colaboradora en el curso de dichos recursos, por cualquier actuación fehaciente del beneficiario o de la entidad colaboradora conducente a la liquidación de la subvención o del reintegro.

Los beneficiarios y entidades colaboradoras, quienes deberán reintegrar la totalidad o parte de las cantidades percibidas más los correspondientes intereses de demora.

Los beneficiarios y responsables solidarios en los términos previstos en la Ley.

Ninguno de los dos anteriores.

Deja todavía abierta una fase posterior administrativa.

Determina la no procedencia de recursos de ningún tipo.

Pone fin a la vía administrativa.

Es el mismo órgano concedente.

El pleno de la Entidad local que corresponda.

Ninguno de los dos anteriores.

El derecho del interesado a la audiencia.

El control financiero de la Comunidad Autónoma.

Ninguno de los dos.

12 meses.

6 meses.

2 años.

En ningún caso se puede suspender una vez aprobado.

Si existen indicios racionales que permitan prever la imposibilidad de obtener el resarcimiento, o si éste puede verse frustrado o gravemente dificultado y, en especial, si el perceptor hace actos de ocultación, gravamen o disposición de sus bienes.

Si el obligado al reintegro tienen deudas pendientes con la administración concedente.

A la Intervención General de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las funciones que la Constitución española y las leyes otorgan al Tribunal de Cuentas y al Consejo de Cuentas de Galicia.

A la Intervención General de la Comunidad Autónoma y al Tribunal de Cuentas.

Al Tribunal de Cuentas.

La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.

La realidad y regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por los beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido beneficiadas por la subvención.

Las dos anteriores.

Los órganos, organismos o entidades objeto de control y a los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras.

A los órganos, organismos o entidades objeto de control y al Tribunal de Cuentas y al Consejo de Cuentas de Galicia.

A la intervención general de la Comunidad Autónoma quien efectuará las comprobaciones oportunas que soliciten otros estados miembros en aplicación de reglamentos comunitarios sobre beneficiarios perceptores de fondos comunitarios.

Las deudas de naturaleza pública a favor de la hacienda de la Comunidad Autónoma que se encuentren en fase de gestión recaudatoria ejecutiva, con los créditos reconocidos por la misma en favor del deudor.

Las deudas de naturaleza pública a favor de la hacienda de la Comunidad Autónoma que se encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con los créditos reconocidos por la misma en favor del deudor.

Las deudas de naturaleza privada a favor de la hacienda de la Comunidad Autónoma que se encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor.

Se adecuará al Plan Cuatrienal de Auditoría.

No podrá demandar la colaboración de empresas privadas de auditoría.

Podrá demandar la colaboración de empresas privadas de auditoría.

Las actuaciones corresponden, en todo caso, a la intervención general.

Podrá demandar la colaboración de empresas privadas de auditoría.

No podrá demandar la colaboración de empresas privadas de auditoría.

Promoverá cuantas actuaciones estén a su alcance para que las actividades a realizar por los diversos órganos competentes, sin menoscabo de las actuaciones y objetivos del control, se efectúen de la forma más eficaz, evitando duplicidades y actuaciones redundantes, sin valor añadido.

No está sometida en el ejercicio de sus funciones a los deberes de confidencialidad y secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su trabajo.

Al tener la consideración de agente de la autoridad, no está sometido al deber de confidencialidad, pero sí al del secreto respecto de los asuntos que conozca por razón de su trabajo.

Anual

Durante el mes siguiente al fin de cada trimestre.

Cuatrimestral.

Los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.

Los ingresos públicos exigidos como consecuencia de la realización de un supuesto de hecho previsto en la misma ley, con la finalidad de financiar los gastos públicos.

Los ingresos públicos o privados exigidos a particulares como consecuencia de la utilización privativa o aprovechamiento especial de un servicio público, con la finalidad de obtener ingresos necesarios para financiar la cuenta de gastos del estado.

Tasas, contribuciones especiales y precios públicos.

Tasas, impuestos y contribuciones especiales.

Tasas, contribuciones especiales y exacciones parafiscales.

Es que es una actividad realizada por la propia Administración y que no sea de solicitud o recepción voluntaria para los administrados.

Es que es una actividad promovida y realizada por la Administración a que se refiere.

Es que es una actividad que realiza una Administración, promovida por otra Administración pero cuyo pago corresponde a un particular.

Son tributos exigibles con carácter anual y cuyo hecho imponible consiste en la obtención de un aumento de valor de los bienes de un particular como consecuencia de la ampliación de los servicios públicos.

Son tasas cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas.

Son tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

El principio de proporcionalidad que regula la equivalencia entre el cumplimiento de las obligaciones exigidas al contribuyente y las contraprestaciones recibidas.

El principio de reserva de Ley, en virtud del cual se reserva a la Ley la regulación de determinadas materias.

El principio de no afectación que establece la exclusión de determinadas materias a su régimen regulador.

Las normas tributarias entrarán en vigor a los veinte días hábiles de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda, si en ellas no se dispone otra cosa.

Salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias tendrán efecto retroactivo.

Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado.

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3º del Código Civil.

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3º del Código Civil. En tanto no se definan por la normativa tributaria los términos empleados en sus normas, se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.

De acuerdo con los criterios interpretativos establecidos por las normas tributarias de cada Entidad Local.

Es indiferente la denominación que las partes le hubieran dado al acto, hecho o negocio realizado.

Es necesario que el acto o negocio jurídico se encuentre calificado como tributario, de acuerdo con el Artículo 13º.

Ninguna de las dos anteriores.

Los contribuyentes, los obligados a realizar pagos fraccionados, los retenedores, los obligados a practicar ingresos a cuenta, los obligados a repercutir y los obligados a soportar la repercusión, la retención o el ingreso a cuenta.

Los contribuyentes, los sustitutos del contribuyente, los obligados a realizar pagos fraccionados, los retenedores, los obligados a practicar ingresos a cuenta, los obligados a repercutir y los obligados a soportar la repercusión, la retención o el ingreso a cuenta.

Los contribuyentes, los sustitutos del contribuyente, los obligados a realizar pagos fraccionados, los retenedores y los obligados a soportar la repercusión, la retención o el ingreso a cuenta.

Responsables solidarios con el gerente de la sociedad, de acuerdo con el Artículo 43º de la Ley General Tributaria.

Responsables subsidiarios.

Colaboradores necesarios.

La capacidad para desenvolverse en la relación jurídico-tributaria.

La capacidad para realizar actos que produzcan consecuencias jurídicas, sustanciales o formales, en el desenvolvimiento de la relación jurídico-tributaria.

La que se adquiere con la mayoría de edad legal y son capaces de desenvolverse en la relación jurídico tributaria.

La Base liquidable para determinar la deuda tributaria.

La Base imponible, para determinar la deuda tributaria.

La Base imponible antes de impuestos, para que Hacienda determine el importe a pagar.

El interés de demora, recargos por declaración extemporánea, recargos exigibles sobre bases o cuotas a favor del Tesoro o de otros Entes Públicas.

El interés de demora, recargos por declaración extemporánea, recargos del período ejecutivo, recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas a favor del Tesoro o de otros Entes públicos y las sanciones

El interés de demora, recargos por declaración extemporánea, recargos del período ejecutivo, recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas a favor del Tesoro o de otros Entes públicos.

Dos del 5 % y del 10% e incompatibles entre sí.

Tres del 5%, 10% y 20% e incompatibles entre sí.

Tres del 5%, 10% y 20% y acumulables entre sí.

Únicamente el pago, la prescripción y la condonación no la extinguen.

El pago, la prescripción, la condonación y la compensación.

El pago, la prescripción y la condonación. La compensación no extingue la deuda tributaria.

Las normas tributarias tienen efecto retroactivo si son sancionadoras o restrictivas de derechos económicos.

Las normas tributarias tienen carácter irretroactivo si son sancionadoras o restrictivas de derecho económicos.

Las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin periodo impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo periodo impositivo se inicie desde ese momento.

Tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado.

Sólo tendrán efectos retroactivos respecto de los actos no firmes, con independencia del beneficio o perjuicio para el interesado.

Ninguna solución es correcta.

Las obligaciones tributarias no se transmitirán en ningún caso por legados.

Las obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas condiciones que las establecidas para los herederos cuando la herencia se distribuya a través de legados y en los supuestos en que se instituyan legados de parte alícuota.

Las obligaciones tributarias no se transmiten a los herederos. Se extinguen al fallecimiento del obligado.

Actuarán las personas que ostenten, en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes, la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley o por acuerdo válidamente adoptado.

Actuarán los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la ley.

Actuarán los liquidadores de las mismas, impuestos por disposición legal.

Un diferimiento en el momento del pago, pero referido al importe total de la deuda. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.

Un diferimiento en el momento del pago, pudiendo referirse a deudas parciales, en período voluntario o ejecutivo.

Un diferimiento en el momento del pago del importe total de la deuda. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.

Por la Constitución, tratados y convenios internacionales, por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales y por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y Ordenanzas e Instrucciones que se dicten en ámbito tributario. por la Ordenanza Fiscal General de la Diputación de la Coruña y por las restantes ordenanzas particulares de la propia Diputación, o de los ayuntamientos o entidades locales en el caso de los tributos cuya gestión hubiera sido objeto de delegación en favor de la misma, por las instrucciones y circulares que pueda dictar la Presidencia de la Diputación para la aplicación de esta Ordenanza General o de las ordenanzas particulares correspondientes y por las disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común.

Por la Constitución, tratados y convenios internacionales, por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales y por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, por las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores y, específicamente, por la Ordenanza Fiscal General de la Diputación de la Coruña y por las restantes ordenanzas particulares de la propia Diputación, o de los ayuntamientos o entidades locales en el caso de los tributos cuya gestión hubiera sido objeto de delegación en favor de la misma, por las instrucciones y circulares que pueda dictar la Presidencia de la Diputación para la aplicación de esta Ordenanza General o de las ordenanzas particulares correspondientes y por las disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos del derecho común.

Tasas, contribuciones especiales y recargos exigibles sobre los impuestos de otras entidades locales

Tasas, impuestos y contribuciones especiales.

Tasas, contribuciones especiales y exacciones parafiscales.

Sí, con independencia de que el uso de los terrenos sea público o privado

No.

Sólo si los terrenos son de uso público local.

La establecida en el apartado a)

La establecida en el apartado b)

Las establecidas en los apartados a) y b).

Impuesto sobre actividades económicas (IAE), el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre actividades económicas.

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM).

Una contribución especial.

Un aumento de Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

Una contribución especial a los propietarios de las viviendas de la calle.

Aunque sean realizados por organismos autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a una entidad local, por concesionarios con aportaciones de dicha entidad o por asociaciones de contribuyentes.

Aunque sean realizados por concesionarios con aportaciones de dicha entidad o por asociaciones de contribuyentes.

Ninguna de las dos anteriores.

Tributos y demás ingresos de derecho público que señalen las bases para la prestación de servicios tributarios a los ayuntamientos de la provincia, aprobados por el Presidente de la Diputación.

Tributos y demás ingresos de derecho público que señalen las bases para la prestación de servicios tributarios a los ayuntamientos de la provincia, aprobadas por el Pleno de la Diputación, con las condiciones y el alcance que en las mismas se recogen.

Tributos y demás ingresos de derecho público que señalen las bases para la prestación de servicios tributarios a los ayuntamientos de la provincia, aprobadas por el Presidente de la Diputación.

Gira en torno a la aprobación de los acuerdos de imposición y ordenación previstos en el art. 34 del TRLRHL.

Gira en torno al porcentaje de reparto que es de un 10%.

No guarda relación con ninguno de los dos supuestos anteriores.

Aprobar las bases para la prestación de servicios tributarios a los ayuntamientos y demás entidades públicas de la provincia,.2.-Aprobación de convenios o acuerdos, con otras entidades públicas, de delegación de competencias en materia de aplicación de los tributos. 3.-Aprobación de ordenanzas fiscales y las reguladoras de otros ingresos de derecho público. 4.-Las demás que le atribuyan las leyes, la presente Ordenanza General y el resto de las ordenanzas reguladoras.

Aprobar las bases para la prestación de servicios tributarios a los ayuntamientos y demás entidades públicas de la provincia, 2.-Aceptar las delegaciones de competencias tributarias hechas por otras entidades públicas.3.-Aprobación de convenios o acuerdos, con otras entidades públicas, de delegación de competencias en materia de aplicación de los tributos.

Aprobar las bases para la prestación de servicios tributarios a los ayuntamientos y demás entidades públicas de la provincia. 2.-Aceptar las delegaciones de competencias tributarias hechas por otras entidades públicas. 3.-Aprobación de convenios o acuerdos, con otras entidades públicas, de delegación de competencias en materia de aplicación de los tributos. 4.-Aprobación de ordenanzas fiscales y las reguladoras de otros ingresos de derecho público. 5.-Las demás que le atribuyan las leyes, la presente Ordenanza General y el resto de las ordenanzas reguladoras.

Dictar instrucciones y circulares de aplicación de las ordenanzas aprobadas por el Pleno Provincial. 2.-Aprobar los modelos de autoliquidaciones de los tributos y demás ingresos de derecho público.3.-Disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen.

Aprobar los modelos de autoliquidaciones de los tributos y demás ingresos de derecho público.2.-Disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen.

Dictar instrucciones y circulares de aplicación de las ordenanzas aprobadas por el Pleno Provincial. 2.-Contestar a las consultas tributarias que se formulen a la Administración tributaria provincial. 3.-Aprobar los modelos de autoliquidaciones de los tributos y demás ingresos de derecho público. 4.- Disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen.

La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria y La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria.

Sólo la primera, la segunda se corresponde con la función de recaudación.

Ninguna de las dos.

La realización de actuaciones de verificación de datos, La realización de actuaciones de comprobación de valores, La realización de actuaciones de comprobación limitada.

Sólo las dos primeras.

Ninguna de ellas.

Tributos y otros ingresos de derecho público de los que sea titular la Diputación. Ingresos por recargos e intereses que procedan sobre los conceptos enumerados anteriormente.

Tributos y otros ingresos de derecho público de los que sea titular la Diputación. Tributos y otros ingresos de derecho público correspondientes a ayuntamientos y otros entes públicos que establezcan un convenio o deleguen la función de recaudación de éstos en la Diputación, luego de la adopción del correspondiente acuerdo y, si procede, la firma de convenio.

Tributos y otros ingresos de derecho público de los que sea titular la Diputación. Ingresos por recargos e intereses que procedan sobre los conceptos enumerados anteriormente. Tributos y otros ingresos de derecho público correspondientes a ayuntamientos y otros entes públicos que establezcan un convenio o deleguen la función de recaudación de éstos en la Diputación, luego de la adopción del correspondiente acuerdo y, si procede, la firma de convenio.

Presidente de la Diputación.

Pleno de la Corporación.

A ninguno de los dos anteriores.

Inspección Tributaria.

Gestión Tributaria.

Recaudación.

Información Tributaria y asistencia al contribuyente

Gestión Tributaria.

Recaudación.

Servicio de Gestión Tributaria, bajo la superior dirección del Interventor de la Diputación, salvo que se encomienden a una unidad distinta.

Únicamente al Servicio de Gestión Tributaria.

Servicio de Gestión Tributaria, bajo la superior dirección del Tesorero, salvo que se encomienden a una unidad distinta.

A propuesta motivada de la Tesorería, previo informe de la Intervención, disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representan.

Ordenar la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representan.

A propuesta motivada de la Tesorería, previo informe de la Intervención, disponer la no liquidación de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representan.

El Presidente de la Diputación.

El Pleno de la Diputación.

La Intervención General de la Diputación.

Instrucción reguladora del correspondiente modelo contable, acompañada de un Plan de Cuentas, excepto en el modelo básico que, como impone la llevanza de la contabilidad únicamente por partida simple carece de Plan contable.

Instrucción reguladora del correspondiente modelo contable, acompañada de un Plan de Cuentas.

Llevar la contabilidad únicamente por el sistema de partida simple, careciendo de Plan Contable.

Da cumplimiento al mandato contenido en el artículo 203.1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que atribuye las competencias para el desarrollo normativo en materia de contabilidad al Ministro de Hacienda.

Da cumplimiento al mandato contenido en el artículo 203.1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que atribuye las competencias para el desarrollo normativo en materia de contabilidad al Ministro de Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.

Da cumplimiento al mandato constitucional recogido en el Artículo 149 de la Constitución Española.

Así, las entidades locales incluidas en el ámbito de aplicación de la Instrucción modelo simplificado de contabilidad local podrán optar por aplicar la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en cuyo caso ésta se aplicará en su integridad.

Así las entidades locales incluidas en el ámbito de aplicación de la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad, podrán optar por la aplicación del modelo normal de contabilidad local, pero únicamente en determinados aspectos.

En ningún caso existe flexibilidad en el modelo contable. El modelo contable establecido no puede variarse en ningún caso.

Tratarse de un modelo contable descentralizado y porque éstas se registran (además de por el método de partida simple) por el método de partida doble.

Tratarse de un modelo contable centralizado, con independencia del lugar físico donde se capturen las operaciones, y porque éstas se registran por el método de partida doble.

Tratarse de un modelo contable centralizado, con independencia del lugar físico donde se capturen las operaciones, y porque éstas se registran (además de por el método de partida simple) por el método de partida doble, aplicando el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local incluido como Anexo de la Instrucción

Todas las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica y financiera.

Establece que deben registrarse todas las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial que se produzcan en el ámbito de la entidad contable.

Sólo operaciones de naturaleza económica y financiera.

A las entidades locales y sus organismos autónomos, y a sus sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales en los términos que al respecto se establecen en las propias Instrucciones. Además, las Instrucciones de contabilidad se van a aplicar, en virtud de la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, a los Consorcios que se adscriban a las entidades locales, debiendo incluirse sus cuentas anuales en la Cuenta General de la entidad local de adscripción.

A las entidades locales y sus organismos autónomos, y a los Consorcios que se adscriban a las entidades locales, debiendo incluirse sus cuentas anuales en la Cuenta General de la entidad local de adscripción.

A las entidades locales y sus organismos autónomos, y a sus sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales en los términos que al respecto se establecen en las propias Instrucciones.

Los justificantes de los hechos que se registren en el SICAL-Normal podrán conservarse por medios o en soportes electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que el soporte original fuere CD-ROM.

los justificantes de los hechos que se registren en el SICAL-Normal podrán conservarse por medios o en soportes electrónicos, informáticos o telemáticos, con independencia del tipo de soporte en que originalmente se hubieran plasmado, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad, calidad, protección y conservación.

los justificantes de los hechos que se registren en el SICAL-Normal podrán conservarse por medios o en soportes electrónicos, informáticos o telemáticos, con independencia del tipo de soporte en que originalmente se hubieran plasmado, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad, calidad, protección y conservación. En estos casos las copias obtenidas de dichos soportes informáticos gozarán de la validez y eficacia de la justificación original.

El Balance, la Cuenta del resultado económico-patrimonial, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria

El Balance, La Cuenta del resultado económico-patrimonial, El Estado de cambios en el patrimonio neto, El Estado de flujos de efectivo, El Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria.

El Balance, Libro diario, las pérdidas y ganancias, El estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria.

Las cuentas anuales de todas las unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito de aplicación de la citada Ley Orgánica Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera cuyas cuentas se integren en la Cuenta General.

Las cuentas anuales de todas las unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito de aplicación de la citada Ley Orgánica Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera cuyas cuentas no se integren en la Cuenta General.

No hay documentación complementaria, de acuerdo con la la citada Ley Orgánica Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La superación de un determinado presupuesto y población.

La superación de un determinado presupuesto.

La superación de un determinado presupuesto y a la inexistencia de entes dependientes.

Más amplio, al referirse a todas las operaciones de la entidad y, por tanto, no sólo a los ingresos y gastos sino también a los activos, pasivos y patrimonio neto.

Más restrictivo.

Más amplio, al referirse a todas las operaciones de la entidad y también al patrimonio neto.

De forma más restrictiva, al resultar minusvalorados los activos o los ingresos pendientes de cobro por la entidad local y recogidos en sus estados contables.

En la misma forma que en la anterior regulación.

De forma más completa al considerar imprudentes no sólo las estimaciones que sobrevaloren los activos o los ingresos, o infravaloren las obligaciones o los gastos, sino también aquéllas que, de forma intencionada, minusvaloren los activos o los ingresos o sobre valor de las obligaciones o los gastos.

Al Pleno de la Diputación.

Al Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.

Al Ministerio de Hacienda.

Antes del día 15 de octubre de cada año, la cuenta general a que se refiere el artículo 209º de esta ley correspondiente al ejercicio económico anterior.

Antes del día 15 de enero de cada año, la cuenta general a que se refiere el artículo 209º de esta ley correspondiente al ejercicio económico anterior.

Antes del día 15 de diciembre de cada año, la cuenta general a que se refiere el artículo 209º de esta ley correspondiente al ejercicio económico anterior.

Se someterá a la consideración de la entidad local la propuesta de corrección de las anomalías observadas.

Se someterán a la consideración de la entidad local la propuesta de corrección de las anomalías observadas y el ejercicio de las acciones procedentes, sin perjuicio, todo ello, de las actuaciones que puedan corresponder al Tribunal en los casos de exigencia de responsabilidad contable.

Se someterán a la consideración del Tribunal de Cuentas en los casos de exigencia de responsabilidad contable.

A cada entidad local.

A cada organismo autónomo.

A cada entidad local y organismo autónomo incluido en el ámbito de aplicación de la Instrucción del modelo normal de contabilidad.

No sólo los órganos de control sino también los órganos responsables de la gestión, los órganos de las Administraciones Públicas que ejerzan funciones de tutela, los acreedores de la entidad, los analistas financieros y económicos, así como a cualquier entidad y asociación.

No sólo los órganos de control sino también los órganos responsables de la gestión, los órganos de las Administraciones Públicas que ejerzan funciones de tutela, los acreedores de la entidad, los analistas financieros y económicos, así como a cualquier entidad, asociación y ciudadanos, en general.

No sólo los órganos de control sino también los órganos responsables de la gestión, también serán los órganos de las Administraciones Públicas que ejerzan funciones de tutela.

No constituirán soporte suficiente para la llevanza de la contabilidad de la entidad, debiendo además pudiendo verificarse en soporte documental.

Constituirán soporte suficiente para la llevanza de la contabilidad de la entidad, debiendo ser la propia entidad la que determine la estructura concreta de aquéllas.

Es soporte suficiente con independencia de la estructura concreta que presenten.

En el último caso debe suministrar, al menos, el detalle de los pagos de la recaudación líquida que le haga.

En el último caso debe suministrar, al menos, el detalle de los pagos de la recaudación bruta antes de impuestos que le haga.

En el último caso no es efectiva nunca.

Cinco años.

Cuatro años.

Seis años.

Una vez al mes.

Cada dos meses.

Cada tres meses.

Con 24 horas de antelación.

Con dos días hábiles de antelación.

Ninguna de las anteriores.

Un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que no podrá ser inferior a tres.

Dos tercios del mínimo legal de miembros del mismo, que no podrá ser inferior a cinco.

Un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que no podrá ser inferior a cinco.

Mayoría simple de los miembros presentes.

Mayoría simple del total de miembros.

Mayoría absoluta del total de miembros.

El Alcalde.

El Teniente de Alcalde expresamente autorizado para ejercer esta competencia.

El Pleno.

Los quince días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación.

Los veinte días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación.

Los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación.

El Alcalde o Presidente asistido de la Secretaría.

La Secretaría, a propuesta del Alcalde o Presidente.

La Junta de Gobierno.

Son nulos.

Son anulables.

Son irregulares.

El diez por ciento.

El quince por ciento.

El veinte por ciento.

Son públicas, a diferencia de las sesiones de la Junta de Gobierno y de las Comisiones Informativas.

Son públicas, al igual que las sesiones de la Junta de Gobierno y de las Comisiones Informativas.

Son públicas, a diferencia de las sesiones de la Junta de Gobierno y al igual que las de las Comisiones Informativas.

Se llevará en la Secretaría General de la Corporación y sus datos serán privados.

El presupuesto y el programa anual de actividades se comunicarán antes de que finalice el mes de diciembre de cada año.

Podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales las asociaciones de padres de alumnos.

Diez días.

Quince días.

Veinte días.

Servicios especiales.

Adscripción provisional.

Servicio inactivo.

Todos.

Los que no tengan dedicación parcial o exclusiva.

Únicamente los que tengan dedicación exclusiva.

Un número de miembros que no exceda de once.

Un número de miembros que no exceda de quince.

Un número de miembros que no exceda de dieciocho.

Están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo.

No están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo.

Están sujetos sólo a responsabilidad penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo.

Todos los miembros de la Corporación.

Todos los miembros de la corporación presentes durante la adopción del acuerdo.

Sólo los miembros de la corporación que hubieran votado a favor del acuerdo.

Cinco días hábiles.

Cinco días naturales.

Diez días hábiles.

Dictará acta.

No está obligado a dictar resolución alguna.

Dictará diligencia autorizada con su firma.

Será siempre secreto.

Será secreto cuando se acuerde por mayoría simple.

Será secreto cuando se acuerde por mayoría absoluta.

Tratado de Madrid de 1 de Julio de 1986.

Tratado de Lisboa de 15 de Junio de 1987.

Tratados de Lisboa y Madrid de 12 de Junio de 1985.

Tratado de Maastricht.

Tratado de Lisboa.

Acta Única Europea.

En 1951.

En 1957.

En 1959.

Croacia, en 2013.

Bulgaria y Rumanía, en 2011.

Chipre, en 2013.

De dos años, no renovable.

De tres años y medio, renovable hasta dos veces.

De dos años y medio, renovable una vez.

Al menos tres veces por semestre y nunca más de dos veces al mes.

Al menos dos veces por año.

Al menos dos veces por semestre.

Los jefes de Gobierno de los 28 Estados miembros de la UE, el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente del Parlamento Europeo.

Los jefes de Estado o de Gobierno de los 28 Estados miembros de la UE, el Presidente del Consejo Europeo y el de la Comisión Europea.

Los jefes de Estado o de Gobierno de los 28 Estados miembros de la UE.

Dos veces al mes.

Dos veces al año.

Una vez al mes.

Son públicos, pero no lo son los órdenes del día y las actas, que se custodiarán por el Secretario después de cada reunión de la Comisión.

Tanto las reuniones y debates, como los órdenes del día y las actas tendrán carácter público, salvo que concurrieren circunstancias excepcionales que aconsejaren lo contrario.

No son públicos, pero sí los órdenes del día y las actas.

Podrá imponerle las sanciones correspondientes, previo requerimiento para que cumpla con la obligación.

Emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado no se atuviere al dictamen en el plazo concedido para ello, la Comisión podrá recurrir ante el Tribunal de Justicia.

Podrá imponerle sanciones económicas si, previo apercibimiento, tal Estado miembro persiste en no cumplir la obligación.

El Presidente del Parlamento Europeo.

El Consejo Europeo.

El Presidente del Consejo de la Unión Europea.

631.

721.

751.

La Comisión y el Parlamento.

El Consejo Europeo y el Parlamento.

El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento.

Es rotatoria

Es por sorteo

Es por orden de antigüedad

La Mesa del Parlamento Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo

El Presidente del Parlamento Europeo

Cada tres años.

Cada cuatro años.

Cada cinco años.

Por el Presidente de la Comisión Europea.

Entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales.

Entre funcionarios de la Administración de Justicia de los Estados Miembros con, al menos quince años de ejercicio profesional.

Las normas de competencia necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior.

Las redes transeuropeas.

La Política comercial común.

Tendrán siempre efecto suspensivo.

No tendrán efecto suspensivo, pero el Tribunal podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado.

Ni tendrán efecto suspensivo ni el Tribunal podrá ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado.

Está formado, actualmente, por 760 miembros.

Nombra a sus miembros por un período de cuatro años.

Se reúne en pleno seis veces al año.