La decisión del Tribunal Constitucional puede ser de tres tipos: según el contenido (te dan o no la razón), según la materia o según el recurso inicial.

Una vez dicha la decisión final del Tribunal Constitucional, este no va a cambiar de opinión. No obstante, puedes recurrir a otros órganos como el Tribunal Supremo para resolver la situación.

El Tribunal Constitucional máximo intérprete de la Constitución Española, por lo que afecta a todos los poderes, los cuales tienen que respetar las sentencias dictadas por este.

Todas las sentencias, excepto los recursos de amparo, el cual solo afecta a una de las partes, han de ser cumplidas por todos.

Se pueden dar tres tipos de opiniones discrepantes dentro del Tribunal:
1. Aquellos que discrepan con la argumentación.
2. Aquellos que discrepan con el fallo (decisión final).
3. Aquellos que discrepan tanto con la argumentación como con el fallo.

Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo tienen la autoridad como para eliminar una Ley o una Norma con Rango de Ley que vulnere la Constitución

El control de constitucionalidad de las leyes puede ser formal, si se habla del control de la correcta aprobación de una Ley o NRL, o material, si se habla del contenido de la ley aprobada, el cual ha de respetar la Constitución.

El control de constitucionalidad previo se aplica a los tratados internacionales, cuya legitimación la aprueba el gobierno o las Cámaras (Congreso: 2 grupos parlamentarios o 1/5, Senado: 1 grupo parlamentario o 25 senadores), y a los estatutos de autonomía, cuya legitimación la aprueba el gobierno, 50 parlamentarios, parlamentos autonómicos y el Defensor del Pueblo.

El control de constitucionalidad a posteriori es el más comúnmente utilizado tras la aprobación de Leyes o NRL, en un plazo de 6 meses tras su aprobación.

Si un juez / tribunal tiene dudas sobre la constitucionalidad de una Ley o NRL, se lo propone al Tribunal Constitucional, el cual lo resuelve mediante el control de constitucionalidad permanente.

Siempre que se vulnere uno de los derechos de una persona se puede recurrir a un recurso de amparo para denunciarlo. Puede denunciarlo tanto la persona ofendida, como el Defensor del Pueblo, como el Ministerio Fiscal.