Procesal Laboral

Ninguna, porque todas las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes al orden social serán conocidas por el Juez de lo Social.

Ninguna, porque las jurisdicciones social y penal son diferentes y diferenciadas, teniendo cada una su proceso independiente.

Hasta que las resuelva el órgano judicial competente, las cuestiones prejudiciales penales suspenderán el plazo para adoptar la debida decisión solo cuando se basen en falsedad documental y su solución sea de todo punto indispensable para dictarla.

Hasta que las resuelva el órgano judicial competente, las cuestiones prejudiciales penales suspenderán el plazo para adoptar la debida decisión, siempre y en todo caso, con independencia de la importancia o no del documento en el pleito, ya que la falsedad es un delito grave y con el fin de “engañar” al juez.

Sí, en todo caso, inaudita parte, al ser derecho cogente e indisponible.

Sí, pero previa audiencia de las partes y del MF, declarándolo por providencia; sin que tenga que indicar ante quién compete por no tener el juez facultades de asesoramiento jurídico, según prohibición recogida en la LOPJ.

Sí, previa audiencia de las partes y del MF, declarándolo por auto y previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho.

No, la falta de jurisdicción o de competencia solo es apreciable a instancia de parte.

La cuestión podrá suscitarse de nuevo en el juicio y, en su caso, en el recurso ulterior.

La cuestión ya queda resuelta como cosa juzgada, siendo irreproducible.

La cuestión solo podrá reproducirse ya en el recurso de apelación.

La cuestión solo podrá reproducirse ya en el recurso de suplicación.

Entrará a conocer del fondo porque ninguna parte se lo ha planteado antes.

Entrará a conocer del fondo pero indicará que existe eventual falta de competencia que no puede apreciar porque el principio dispositivo se lo impide.

Archivará de plano.

Se abstendrá de entrar en el conocimiento del fondo y procederá dando audiencia a las partes y al MF, resolviendo por auto.

Se entenderá suspendida desde la presentación de la demanda hasta que el auto que declare la falta de jurisdicción o de competencia sea firme.

No suspenderá en ningún caso, debiendo la parte interponer una demanda ad cautelam ante el órgano supuestamente competente para que no se le pase el plazo.

La caducidad no se suspende, se interrumpe.

El juez no puede suspender, sino advertir por providencia a la parte que se está equivocando.

Sería competente el Juzgado de lo Social.

Será competente el Juzgado de lo Mercantil, pero con las reglas del concurso y demás de naturaleza mercantil.

Será competente el Juzgado de lo Mercantil, al tratarse de una modificación colectiva del contrato de trabajo, y deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.

Ninguna de las anteriores es correcta.

Ante el Juzgado de lo Social de Madrid, si el centro mayoritario fuera el de Madrid.

Ante el Juzgado de lo Social de Madrid, si el órgano de dirección radica en esta ciudad.

Ante el Juzgado de lo Social de Madrid o el de Guadalajara, a elección de los demandantes.

Ninguna de las anteriores es correcta.

A ninguno.

A la Audiencia Nacional

Al Tribunal Superior de Justicia

A la Audiencia Provincial de Madrid.

Del cese del presidente del Gobierno, por ser aforado.

Del cese del presidente del Gobierno, por razón del cargo, no del aforamiento.

En única instancia, de los procesos de impugnación de actos de Administraciones Públicas atribuidos al orden jurisdiccional social cuando hayan sido dictados por el Consejo de Ministros.

De la revisión de sentencias no firmes dictadas por los órganos jurisdiccionales del orden social.

Será competente, con carácter general, en el lugar de prestación de servicios o del domicilio del demandado, a elección del demandante.

Será competente en todo caso el del lugar de prestación de servicios.

Será competente el del domicilio donde esté empadronado el trabajador.

Será competente solo el de la sede social de la empresa, según estatutos, con independencia de su ubicación.

La Constitución establece el principio de unidad jurisdiccional, luego la existencia de Juzgados de lo Social pudiera arrojar dudas sobre su constitucionalidad.

Rige el principio de unidad jurisdiccional pero la LOPJ establece cuatro órdenes, al margen del militar, distribuyéndose así la competencia acerca de todos los conflictos jurídicos.

Los Juzgados de lo Social no son orden jurisdiccional, propiamente dicho, razón por la que conocen como “magistraturas de trabajo”.

En nuestro ordenamiento no hay numerus clausus de tipos de juzgados.

Sí, porque tiene un papel supletorio, luego es fuente reguladora del proceso laboral.

No es aplicable, dado el principio de especialidad que deroga el de generalidad.

Dependerá del caso concreto y de los hechos.

Dependerá de si el proceso es de conflicto laboral o de Seguridad Social.

Ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Ante la jurisdicción civil.

Ante un tribunal arbitral de trabajo.

Ante la jurisdicción social.

No puede, puesto que las cuestiones entre la ETT y la empresa cliente son de naturaleza civil, en la que el trabajador no es parte.

Procesalmente sí cabe, sería ante la jurisdicción social.

Ha de someterse a mediación previamente, no a conciliación.

Ha de someterse a arbitraje previamente, no a conciliación.

Ante el Juzgado de lo Social.

Ante el Juzgado Contencioso-Administrativo, por tratarse de Administración Pública.

No cabe esta situación porque un contrato indefinido equivaldría a la condición de funcionario.

d) Todas las anteriores son ciertas.

Se solventa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, propia cuando el conflicto es con funcionarios.

Se solventa, única y exclusivamente, ante la Inspección de Trabajo.

Se solventa ante el Juzgado de lo Social.

Ninguna es correcta

Acudir a la jurisdicción social en demanda de precario e instando el desalojo.

Acudir a la jurisdicción civil en demanda de precario y desalojo.

Poner una denuncia en comisaría.

Poner una querella en el Juzgado de guardia.

No cabe ante el Juzgado de lo Social, por falta de legitimación pasiva.

No cabe ante ningún juzgado, ya que la legitimación la tendría el otro compañero.

Cabe ante el Juzgado de lo Social, sin que se altere la competencia por el hecho de que la reclamación de un trabajador frente al empresario venga motivada por conductas de otros trabajadores al servicio de este.

Solo cabe acción penal y contra el trabajador.

Ante el Juzgado de lo Mercantil del domicilio de la sociedad cooperativa.

Ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio.

Ante el Juzgado de lo Social.

Ante la corte arbitral a la que libremente se sometan.

No, necesita un tutor, según el Código Civil.

No, necesita un curador, a tramitar conforme al proceso especial de la LEC.

Basta que lo suplan sus padres.

Tendrá capacidad para comparecer en juicio si se encuentra en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, luego hay que estar a las normas civiles sobre capacidad de obrar.

Quienes legalmente la representen, con representación legal o voluntaria.

Solo quienes tengan representación legal.

El abogado.

El procurador.

No, nunca.

No, salvo que esté emancipado.

Sí

Sí, siempre que la complementen sus padres o tutores.

Todo el que tenga capacidad de obrar.

Quien, como posible obligado a satisfacer el derecho o interés reclamado en el proceso o a soportar sus cargas, puede oponerse a las pretensiones.

Quien la tenga tanto ad procesum como ad causam.

Quien la tenga solo ad causam.

Solo tiene legitimación activa y pasiva para la defensa de intereses económicos y sociales que le son propios.

No tiene legitimación en nombre de los trabajadores si estos no lo autorizan expresamente.

Tiene legitimación en nombre de los trabajadores, como grupo social.

Solo tendrían legitimación pasiva.

Es cuestión sustantiva, luego ajena al proceso.

Se da cuando la pluralidad de partes viene impuesta necesariamente por la ley, bien porque figuren varias personas actuando como demandantes o bien porque pueden ser demandadas simultánea y necesariamente varias personas.

Solo en el lado pasivo, nunca en el activo, ya que no está previsto en la LRJC ni en la LEC.

Hay que acudir al derecho de obligaciones del Código Civil, dado el vacío legal procesal.

Es una opción potestativa para las personas jurídicas.

Es preceptiva para abogados y personas jurídicas, entre otros.

Es requisito insubsanable.

Es preceptiva pero solo para los recursos.

Por auto, emitido por el juez.

Por auto, emitido por el letrado de la Administración de Justicia.

Por providencia.

Por sentencia.

Sería un acta sin avenencia pero con costas.

Sería un acta de “intentado y sin efecto”.

Sería un acta nula.

Sería un acta válida pero sin efectos transaccionales.

Requiere siempre conciliación previa.

La conciliación ante el SMAC es potestativa.

No cabe conciliación por mor de ley y porque en materia de Seguridad Social no cabe transacción.

Requiere sometimiento previo a arbitraje.

Depende de la modalidad procesal.

Hasta el trámite de conciliación administrativa es hábil por tratarse de un plazo administrativo; posteriormente, para la fase judicial, ya sería inhábil, por tratarse de un plazo procesal.

Solo si es del mes de agosto y no se trata de materia de despido.

Siempre. Los plazos hasta conciliación y posterior a esta tienen naturaleza procesal.

Sí, es preceptiva.

No, los procesos de vacaciones están exceptuados.

No, porque cabe conciliación previa.

No, si bien es preceptivo agotar antes un trámite de mediación.

Equivale a silencio administrativo positivo.

Carece de efecto procesal alguno.

Pasado un mes, se entiende denegada, luego a partir de ahí computa plazo.

Hay que esperar 45 días para interponer demanda ante el Juzgado de lo Social.

Ha de hacerse mediante sometimiento preceptivo a arbitraje ante el organismo correspondiente de la Comunidad Autónoma.

Cabe sometimiento a arbitraje a cualquier Corte.

Cabe impugnación directa ante el Juzgado de lo Social.

Debe someterse obligatoriamente a mediación.

No tiene valor de sentencia.

No tiene valor de sentencia pero sí de cosa juzgada.

Opera como prueba preconstituida de reconocimiento de hechos.

Tiene fuerza ejecutiva y podrá ser ejecutado ante el Juzgado mediante la demanda correspondiente.

Es nulo de pleno derecho si no contiene el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos o de la reclamación administrativa previa que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Tiene como efecto la suspensión de los plazos de caducidad e interrupción de los de prescripción.

Además del contenido de la contestación anterior, sería perfectamente válido si el interesado interpone recurso o reclamación.

Es acto anulable.

Deber de facilitar la prueba original, y no en fotocopia.

Que el litigio debe transcurrir dentro de los márgenes de la buena fe razonablemente exigibles.

Que lo va a sancionar con multa.

Que lo va a condenar en costas.

Es resolución objeto de recurso por falta de motivación, siempre obligada para no causar indefensión a las partes.

Es resolución nula, por defecto formal.

Es resolución anulable, por defecto formal.

La providencia no requiere más forma que la determinación de lo ordenado y el órgano que lo manda, la fecha y la firma del juez o del letrado de la Administración de Justicia, sin perjuicio de que puedan ser motivadas si lo estima conveniente quien haya de dictarlas.

Es resolución objeto de recurso por falta de motivación, siempre obligada para no causar indefensión a las partes.

Es resolución nula, por defecto formal.

El auto debe fundarse, por lo que debe contener en párrafos separados y numerados los hechos, los fundamentos y la parte dispositiva.

Es resolución anulable, por defecto formal.

No tiene objeción, aunque puede la parte ejercitar acción por mal funcionamiento de la Administración de Justicia.

La sentencia debe ser dictada necesariamente por el juez que estuvo presente en el juicio oral y, si no fuere posible, debería repetirse el juicio.

El sustituto puede dictar sentencia siempre y cuando visione el vídeo del juicio.

El sustituto puede dictar sentencia si, además de consultar el vídeo, se entrevista con el juez que celebró la vista y consensúan criterio.

La sentencia oral es posible en el proceso ordinario y en todas las modalidades procesales excepto cuando por razón de la cuantía o la materia proceda recurso de suplicación.

La sentencia oral es posible en el proceso laboral, no así en el civil.

Solo cabe anticipar el fallo, pero no dictar sentencia in voce.

Solo cabe sentencia escrita.

No, porque no es trámite preceptivo, luego sigue corriendo plazo.

No, porque, aunque no sea trámite preceptivo, nada impide presentar conciliación, la cual tendrá efectos interruptivos de la prescripción o suspensivos de la caducidad, según el caso.

La conciliación es trámite previo obligatorio en todo caso.

La conciliación es trámite previo obligatorio, salvo litigios contra la Seguridad Social.

No. Por el mero hecho de presentar demanda ya se interrumpe la prescripción o se suspende la caducidad, sin excepciones.

Depende del tipo de proceso de que se trate.

Solo en casos de impugnación electoral.

Pasados quince días, si es demanda sujeta a plazo de caducidad, se alza la suspensión, y treinta días, se reanuda la interrupción en los casos restantes.

Es impugnable por las partes y también por aquellos a quienes pudiera ocasionar perjuicios en el plazo de caducidad de 30 días.

Al ser con acuerdo, no cabe impugnación.

No es posible que un tercero pueda impugnar.

Solo es impugnable por terceros.

Es obligatoria la reclamación previa.

Es potestativa la reclamación previa.

Solo cabe conciliación.

Cabe conciliación o reclamación previa, a elegir por el demandante.

Es recurrible mediante reclamación previa.

Es recurrible directamente mediante demanda contencioso-administrativa.

Es obligatoria la conciliación.

No es acto objeto de recurso, dado su carácter reglado.

Debe plantear reclamación previa.

Solo cabe recurso de alzada contra la decisión de la entidad gestora de la Seguridad Social.

Se exceptúa de la obligatoriedad de la reclamación previa cualquier litigio en el que se impugne un alta médica emitida por los órganos competentes.

Cabe conciliación, con carácter potestativo.

Que se someten las partes a arbitraje.

Que siempre se trata de una mediación.

Siempre será conciliación, con ciertos atributos propios de la mediación.

Las tres posibilidades son a elección del actor.

Suspende el plazo de caducidad e interrumpe el de prescripción hasta que se conteste a la reclamación o transcurra el plazo que la Administración tiene para contestar, que es un mes, según la ley del procedimiento administrativo común.

Suspende el plazo de caducidad e interrumpe el de prescripción hasta que se conteste a la reclamación pero no hasta que transcurra el plazo que la Administración tiene para contestar, que es un mes, según la ley del procedimiento administrativo común.

No suspende ninguno, al no tratarse de conciliación.

La ley del procedimiento administrativo común no es aplicable en la jurisdicción social.

Ante el superior jerárquico del órgano administrativo que corresponda, inexcusablemente.

Ante el Juzgado de lo Social.

Ante el Ministerio de Trabajo.

Vía registro y por cualquiera de las formas que posibilita la ley del procedimiento administrativo común.

Se le condena en costas.

Se archiva la papeleta teniéndola por no presentada, aunque se produce en todo caso el efecto de interrupción o suspensión de plazos.

Se archiva la papeleta teniéndola por no presentada, pero sin producir el efecto de interrupción o suspensión de plazos.

El demandado tiene derecho a exigir que el procedimiento continúe y obtener una sentencia de fondo.

Se contesta por escrito en el plazo de 10 días desde la notificación del Juzgado.

Se formula verbalmente en la vista oral y siempre que se haya anunciado antes en el trámite de conciliación administrativa.

Se puede formular directamente en trámite de contestación a la demanda en el acto de la vista.

No cabe reconvención en los procesos ordinarios, por ser sumarios y no crear efectos de cosa juzgada.

Sí. En el proceso laboral cabe dictar sentencia in voce al término de la vista oral.

No, solo cabe en el proceso penal.

No, porque en el proceso por despido está exceptuado.

Sí, pero solo el fallo, no los fundamentos en los que haya que avanzar.

No pasa nada. Se entiende tácitamente que opta por la indemnización en caso de recurso.

Se presume que ante el silencio hay indemnización.

Se presume que ante el silencio hay readmisión.

No caben presunciones iuris tantum en los procesos por despido.

No, porque al ser una cuestión prejudicial, ha de resolverse en demanda aparte.

No. Resolverá conforme al salario oficial, sin perjuicio de no tener efectos de cosa juzgada el pronunciamiento sobre el salario en los hechos probados de la sentencia.

Sí, dado que en el proceso de despido debe fijarse el salario correspondiente al trabajador en el momento del despido, el debate sobre cual sea tal es un tema de controversia adecuado.

No, no cabe acumular la acción declarativa (fijación de salario) a la de condena (despido).

En caso que no se pruebe la causa, la declaración de improcedencia, con la condena inherente.

La nulidad en todo caso.

Podrá ser declarado nulo, o procedente si se prueba el incumplimiento contractual grave y culpable del trabajador.

Nulidad o improcedencia, dependiendo de lo que haya pedido el trabajador, ya que rige el principio dispositivo.

Es nula.

Es procedente.

Es improcedente.

Dependerá de lo que establezca el Convenio Colectivo aplicable.

No haya lugar a que se planteen excepciones procesales, ya que el proceso laboral tiene vis atractiva frente a otras jurisdicciones.

Se plantee defecto formal en el modo de proponer la demanda.

Se plantee prejudicialidad civil hasta que el juzgado civil determine si hay o no arrendamiento de servicios.

Se plantee la excepción procesal de incompetencia de jurisdicción por parte del empresario demandado.

No es pertinente, al superar la cuantía máxima.

Es pertinente, ya que no hay cuantía máxima en los monitorios, según dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es modalidad procesal obligatoria, por tratarse de un juicio especial.

No cabe, porque hay reserva en función de la materia, y los finiquitos están exceptuados.

Corresponde al trabajador, bajo el principio general de que quien alega debe probar.

Corresponde al trabajador porque, además, rige la presunción de inocencia para la parte demandada, en este caso el empresario.

Dependerá de la facilidad probatoria que cada parte tenga respecto al hecho a acreditar.

Como el pago es hecho extintivo, corresponde al empresario.

Un proceso en materia de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ejercitándose la acción individual.

Un proceso ordinario porque, al afectar a tan pocos, no hay conflicto colectivo.

Un proceso de tutela de derechos fundamentales.

Ninguno. No hay acción posible porque el empresario puede variar las condiciones laborales (ius variandi) en aras de la necesidad organizativa.

Si alegar falta de legitimación pasiva.

Si alegar falta de capacidad procesal.

Si alegar excepción de defecto en el modo de proponer la demanda.

Si alegar excepción de sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje.

Materiales, pero que en el orden laboral se suelen tramitar como si fueran procesales, siendo alegadas al principio de la intervención de la parte demandada.

Procesales, porque producen efectos sobre el proceso.

Procesales, pero se regulan en normas sustantivas.

Son excepciones de previo pronunciamiento.

No, porque el juez puede tenerlo como hecho conforme, y la prueba solo puede ser sobre hechos controvertidos.

Sí, si el juez lo estima oportuno, dado que puede suplir la inactividad de las partes.

Sí, en la medida que lo que no está en el proceso no está en el mundo, y hay que acreditarlo todo.

Solo si el hecho no controvertido es fruto de una presunción legal.

Formular recurso de reposición por escrito.

Formular recurso de reposición oral y en el acto.

Formular recurso de queja.

Manifestar la oportuna protesta en aras a un eventual recurso.

Se mantiene, como en todo proceso, sin excepciones.

Quien alega discriminación, debe probarlo.

Corresponderá a la empresa demandada aportar justificaciones objetivas, razonables y suficientemente probadas de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

La carga de la prueba depende de la facilidad probatoria de cada parte.

Sí cabría, por ser cantidad vencida, exigible y de cuantía determinada, siempre que la suma no supere los 6.000 €. La ley no permite reclamaciones colectivas, pero nada indica sobre las plurales.

Sí cabría, aunque la suma supere los 6.000 €, pero individualmente considerado no.

No, ya que podría entenderse que es una reclamación colectiva.

No cabe, por falta de previsión legal.

No se deben en caso que el empresario opte por la readmisión.

Se deben tanto si opta el empresario por la readmisión como si se trata de representantes de los trabajadores.

No se deben, salvo solicitud expresa, toda vez que rige el principio dispositivo.

No hay salarios de tramitación en un despido disciplinario.

El trabajador podría oponer prescripción de los hechos, en todo caso.

El trabajador podría oponer prescripción de los hechos, salvo que el empresario acredite que tuvo conocimiento dentro del periodo de seis meses desde que se cometió.

Procede la sanción porque prescribe al año.

Procede el despido disciplinario.

Veinte días hábiles, de prescripción, desde la fecha de entrega de la carta.

Veinte días hábiles, de caducidad, desde el día siguiente a la entrega de la carta.

Veinte días hábiles desde la fecha de concesión del preaviso.

Las opciones b y c son correctas, porque el trabajador podrá anticipar el ejercicio de su acción desde el preaviso.

Demanda por despido nulo.

Demanda por despido improcedente.

No accionar por haber transcurrido más de nueve meses desde el nacimiento.

No accionar porque, dado que ha sido indemnizada, nada más podría ganar.

Cabe demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas por discriminación salarial, pero no cabe acumular la reclamación de cantidad.

Cabe solo la demanda de reclamación de cantidad.

Cabe solo la demanda de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Cabe juicio monitorio.

No, ya que el convenio prevé hasta dos meses de suspensión de empleo y sueldo y podría dar lugar a reformatio in peius.

No, por ética profesional, ante la gravedad de los hechos y pocas posibilidades de éxito.

No, para evitar una condena en costas por temeridad.

Sí, toda vez que se ha prescindido de un trámite preceptivo, según el convenio aplicable, luego defecto de forma que daría lugar a la revocación de la sanción.

No cabe, ya que el acuerdo vincula a todos los trabajadores.

Sí cabe la impugnación individual, si bien existiría una presunción legal de causa justificada de la medida.

Aunque teóricamente nada impide la impugnación individual, hay presunción iuris et de iure a favor de la medida.

No cabe, por falta de legitimación activa.

Sí, al tratarse de una modificación de carácter colectivo y ser necesario constituir el litisconsorcio pasivo necesario.

Sí, pero potestativamente.

No, por falta de legitimación pasiva, al ser la medida impuesta por la empresa.

Depende de si ha votado a favor o en contra de la modificación en las reuniones de la mesa negociadora.

Un año, plazo de prescripción.

Veinte días, plazo de prescripción.

Veinte días, plazo de caducidad.

Treinta días.

Puede ser recurrida en suplicación ante el TSJ.

Puede ser recurrida en casación, por unificación de doctrina en caso de sentencias dispares.

No cabe recurso, dada la cuantía.

Cabe recurso de queja, por vulneración de precedentes.

Es muy versátil en cuanto a la forma, cabiendo, incluso, su anuncio verbal mediante comparecencia.

Es un acto formal, escrito y mediante presentación vía LexNet.

Es un acto formal en el que además hay que motivar en derecho.

Es un acto reglado, sujeto a la directriz del letrado de la Administración de Justicia.

No, no cabe.

Sí, cabe suplicación en los casos de sanciones muy graves apreciadas judicialmente.

Dependerá de la reparación del daño.

Contra las sanciones no cabe recurso, salvo el de reposición.

Es el equivalente al recurso de apelación civil.

Es un recurso ordinario.

Es un recurso extraordinario donde no es posible una revisión completa de las actuaciones.

Es un recurso potestativo al de casación.

Solo está legitimado para interponerlo la parte vencida.

Cualquier perjudicado por la sentencia aunque no haya interpuesto antes recurso de suplicación.

La parte perjudicada por la sentencia del TSJ, siendo parte procesal, y el Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal solo actúa cuando haya menores de edad.

Solo se inicia a instancia de parte, como regla general.

Se inicia de oficio pero pasados veinte días hábiles, como dispone la LEC.

Se inicia a instancia de parte pero solo se despacha ejecución una vez se ha dado audiencia al ejecutado.

Es necesario el informe del Ministerio Fiscal cuando este haya sido parte.

La ejecución por el principal más el treinta por ciento calculados provisionalmente para intereses y costas, según dispone la LEC.

El principal y los intereses que no excederán de importe de los que se devengarían durante un año y el 10 % de costas sobre el principal.

El principal, solo cabiendo liquidación de intereses una vez se determine la fecha de cobro.

El principal más intereses y costas siempre que no superen estos un tercio de la cuantía del proceso, según la LEC.

Sí, es posible si presta caución.

No, en el proceso laboral no caben ejecuciones provisionales ya que para eso es obligatorio consignar o avalar la cantidad objeto de condena en caso de recurso.

No, no cabe, ya que solo pueden ejecutarse resoluciones firmes.

Sí, es posible, ya que la LRJS permite la ejecución provisional de sentencias mediante el sistema de anticipos reintegrables.

Sí cabe, porque son créditos recíprocos compensables.

No cabe, porque no está previsto como causa de oposición y así lo interpreta la jurisprudencia.

Sí cabe, pero prestando caución, según expresa la jurisprudencia.

No cabe porque eso es una cuestión de fondo que en esta fase ya no es posible abordar.

Debe pensárselo porque cabe reformatio in peius aunque no recurra la otra parte, y acabe perdiendo todo o parte de lo ya concedido.

No cabe reformatio in peius.

Puede hacerlo sin problemas y acompañar prueba documental complementaria que apuntale su tesis probatoria.

Como regla general, el TSJ tiene libertad para ordenar prueba en segunda instancia, bajo el principio tuitivo del trabajador.

Ha de articularse mediante conflicto colectivo.

No cabe conflicto colectivo porque no afecta a intereses generales de un grupo genérico o colectivo susceptible de individualización, debiendo, en todo caso, versar sobre interpretación y eficacia de un pacto establecido al efecto.

Ha de articularse mediante demandas individuales acumuladas; proceso que se transformará en colectivo de recibirse más de diez solicitudes.

Un conflicto colectivo individual y plural.

No, la legitimación solo la tienen la representación legal o sindical de los trabajadores.

No, porque solo compete al Comité de Empresa.

Sí, en todo caso.

Depende de si el conflicto es de ámbito de la empresa o supraempresarial.

Ante el TSJ y sin prestar depósito dinerario.

Ante el Juzgado de lo Social que ha conocido del caso.

Ante el Juzgado de lo Social y adjuntando resguardo de depósito.

Ante el Juzgado pero abonando el depósito una vez se formaliza el recurso, no con su anuncio.

Que ese depósito sería inconstitucional por vulnerar la tutela judicial efectiva, luego tramitará el recurso sosteniendo tal ausencia.

Que puede eludirlo alegando situación preconcursal.

Que puede eludirlo alegando carencia de tesorería.

Que teóricamente podría eludirlo si se le concede el beneficio de justicia gratuita, y siempre que tal concesión acontezca con anterioridad a la finalización del plazo para anunciar el recurso; luego en la práctica va a suponer una situación quimérica.

Los diez días computan desde el siguiente al que recibe la citación.

Los diez días computan desde el siguiente al que recoge los autos del Juzgado, luego dependerá de ese momento.

Ha de recoger forzosamente los autos en el término indicado y a partir de ahí corre el plazo.

Pasado un día, comienza a correr el plazo, pero si recoge los autos pasados tres, correrá el plazo de diez días desde que se notificó.

Sí, siempre que pruebe su carácter decisivo y acredite que no ha podido aportarlo anteriormente al proceso por causas que no le son imputables.

No, nunca. En suplicación no hay posibilidad de alegar hechos nuevos ni instrumentos de prueba.

Sí, porque es un recurso extraordinario.

Sí, pero siempre que se demuestre que, de no aceptarse, se podría dar lugar a un recurso de revisión.

No, en la jurisdicción social no rige la condena en costas.

Sí, si la parte obró de mala fe o temeridad y la Sala del TSJ confirmara en todo o en parte la sentencia de instancia, cuando el condenado fuere el empresario, se pronunciará sobre honorarios de abogados o graduados sociales.

No hay costas, al no ser preceptivo el procurador.

Sí hay costas porque, como en la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador ya ha introducido el criterio del vencimiento en la social.

No, porque la prueba pericial no puede ser utilizada como fundamento de un recurso de casación por error de hecho.

Sí, porque al estar incorporara a autos, ya es documental.

Sí, siempre que se alegue error en la apreciación de prueba de documentos que obren en autos y que demuestren la equivocación del juzgador.

Ninguna de las anteriores es correcta.

Ha de hacerse a través de escrito presentado ante la Sala del TSJ que dictó la sentencia que se pretende impugnar, designándose domicilio a efectos de notificaciones en la sede de la Sala de lo Social del TS.

Puede hacerse mediante comparecencia, igual que un recurso de suplicación.

Ha de hacerse por escrito pero ante el TS.

Puede presentarse ante cualquier registro, conforme a la ley del procedimiento administrativo común, aplicable también a la Administración de Justicia.

Que basta que contraríe una previa del TS.

Puede contrariar otras de TSJ, no necesariamente del TS.

La sentencia de contraste ha de ser tanto de la Sala de lo Social del TSJ (dictada en suplicación) como del TS, dictada en casación o en unificación de doctrina.

Cabe también contra autos, pero solo del TS.

Al menos dos, porque de lo contrario no podemos considerar que sea jurisprudencia, según el Código Civil.

Han de ser, al menos, tres: la recurrida, una que la apoye y otra divergente.

Aunque se pueden invocar varias sentencias, ha de elegirse solo una.

En casación para unificación de doctrina no caben sentencias de contraste, solo para casación ordinaria.

Con pronunciamientos distintos pero idénticos fundamentos de derecho.

Con pronunciamientos distintos pero idénticas situaciones de hecho.

Basta una comparación abstracta de las doctrinas contrarias.

Basta la contradicción entre dos sentencias recaídas en un mismo proceso.

El error de hecho tiene carácter instrumental a la impugnación jurídica de la sentencia, por ello la revisión instada debe ser capaz, junto al motivo jurídico, de incidir en el fallo y variar su sentido. En caso contrario, el motivo no podría prosperar.

El error de hecho tiene carácter autónomo a la impugnación jurídica de la sentencia, por ello la revisión puede tener lugar, varíe o no el sentido del fallo.

El error de hecho solo cabe en casos excepcionales con carácter tasado.

El recurso de suplicación solo admite como motivo la revisión del derecho aplicado.

No, dado el carácter extraordinario del recurso, salvo casos excepcionales previstos en la ley, como regla general no podrán suscitarse cuestiones que no se hayan planteado en la instancia.

No, no tanto porque la ley lo prohíba, sino porque se generaría indefensión a la contraparte.

Dependerá de la importancia del hecho o alegación.

La prohibición de plantear cuestiones nuevas no afecta a aquellas susceptibles de ser valoradas de oficio, como pueda ser la caducidad de la acción, siempre y cuando la sentencia recurrida contenga hechos suficientes como para desarrollar el análisis.

Sí puede, porque es sostenible la naturaleza salarial de los obsequios, dada la prueba documental obrante en autos.

Sí puede, pero dependiendo de si tal obsequio supera los 3.000 € de cuantía.

No, quedan excluidas del recurso de suplicación las modificaciones individuales.

Sí, ya que no hay exclusión de recurso por razón de la material.