EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO
Para poder desempeñar sus responsabilidades, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están autorizados, entre otras cosas, a emplear la fuerza y usar armas de fuego.
La forma en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hacen uso de la fuerza y de las armas de fuego tiene efectos inmediatos en la relación entre la institución encargada de aplicar la ley y el conjunto de la comunidad, sobre todo cuando el uso de la fuerza es arbitrario, excesivo o ilegal.
Es sumamente importante que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley actúen en plena conformidad con el marco jurídico que rige el empleo de la fuerza y de las armas de fuego y que, en ese sentido, cumplan con las normas de disciplina y profesionalismo más estrictas posibles.
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ARRESTO Y DETENCIÓN
El derecho de las personas a la libertad y a la seguridad nunca deberán aplicarse está consagrado en numerosos instrumentos universales como sanciones”, y regionales de derechos humanos y es uno de los derechos humanos más antiguos. Cuando los Estados restringen este derecho, es indispensable seguir procedimientos estrictos y respetar las garantías judiciales fundamentales. Además, esa restricción debe estar sujeta a control judicial. En este sentido, es importante tener en cuenta que la privación de libertad afecta los derechos de la persona más allá de la libertad personal y la libertad de movimiento. Por lo tanto, la facultad de arrestar y detener a una persona debe estar cuidadosamente reglamentada por la ley y se debe ejercer en plena conformidad con las leyes y normas internacionales aplicables.
La facultad de detención es, normalmente, una facultad discrecional por la cual los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden arrestar a una persona en determinadas circunstancias. Es sólo como excepción que la ley establece la obligación de que un funcionario encargado de hacer cumplir la ley efectúe una detención.
Las facultades discrecionales conferidas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben ser ejercidas de conformidad con los principios generales que rigen todas las acciones de aplicación de la ley: legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.
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Búsqueda e incautación
La búsqueda se define como el acto de buscar deliberadamente a una persona, un objeto o una información, para un fin lícito de aplicación de la ley.
La incautación se define como el acto de tomar posesión de un objeto para un fin lícito de aplicación de la ley.
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