El Estado
garantizará la seguridad humana, a través de políticas y
acciones integradas, para asegurar la convivencia
pacífica de las personas, promover una cultura de paz y
prevenir las formas de violencia y discriminación y la
comisión de infracciones y delitos. La planificación y
aplicación de estas políticas se encargara a órganos
especializados en los diferentes niveles de gobierno.