La construcción de este modelo
parte de un análisis de la situación
social actual del país, expresada en
los principales indicadores de
educación, salud, pobreza y
cohesión social.
Se proponen tres funciones básicas
de la política social: el desarrollo del
capital humano, la compensación
social y la cohesión social.
Educación
en nuestro país la escolaridad
promedio en el 2019 era de 8 años
y una tasa de analfabetismo de
11.5. (INE, 2019)
Salud
el 82% de la población tiene acceso a servicios de salud,
el 60% a través de la Secretaria de Salud, 12% a través
del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y 10%
a través del sector privado. Un 18% de la población no
tiene acceso a servicios de salud.
Pobreza y desigualdad
Honduras el 64.7% de la población son pobres
(23% en pobreza relativa y 41.7 en pobreza
extrema). Es importante resaltar que la
pobreza rural es del 72.2% con una pobreza
extrema de 61.5%, en contraste, la pobreza
urbana es del 58.5%, con una pobreza extrema
de 25.4%
Honduras ha firmado y ratificado
una serie de convenciones y tratados
internacionales que dan sustento
legal a un desarrollo social inclusivo
La Carta de las Naciones Unidas Declaración
Universal de Derechos Humanos Pacto
internacional de derechos civiles y políticos
Pacto internacional de derechos económicos
sociales y culturales
La nueva normativa para orientar la formulación y
certificación de los planes para el desarrollo del municipio
dar un mayor direccionamiento estratégico a los PDM, e
incluye ejes, intervenciones e indicadores hacia el logro
de resultados e impactos de valor público.
El desarrollo social es el resultado de las mejoras de índices colectivos de
bienestar como: la esperanza de vida, mortalidad infantil, nutrición,
educación, acceso a servicios sociales; y todo lo que conlleva a que las
personas, sin distinción, vivan más y tengan una mejor calidad de vida
(Mallarino, 2004).
La creación de capital humano solo se logra a través de una
inversión adecuada en educación. El desafío de la política social en
educación
La gestión municipal actual para el desarrollo social se basa
en una lógica de proyectos atomizados, que satisfacen las
necesidades más sentidas de la población, pero que no
apuntan a las metas estratégicas del desarrollo social