R.D. 796/2005, DE 1 DE JULIO, REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Rel Decreto 796/2005, de 1 de julio

Rel Decreto 796/2006, de 1 de julio

Real Decreto 796/2005, de 1 de junio

Real Decreto 796/2006, de 7 de julio

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa

Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Funcionarios en prácticas

El instructor lo pondrá en conocimiento de la autoridad que hubiera ordenado la incoación para su oportuna comunicación al Ministerio Fiscal, sin suspensión de las actuaciones.

El Ministerio Fiscal suspenderá su tramitación y lo pondrá en conocimiento de la autoridad que hubiera ordenador la incoación para su oportuna comunicación al Juez de Instrucción.

El instructor suspenderá su tramitación y lo pondrá en conocimiento de la autoridad que hubiera ordenado la incoación para su oportuna comunicación al Abogado del Estado.

El instructor suspenderá su tramitación y lo pondrá en conocimiento de la autoridad que hubiera ordenado la incoación para su oportuna comunicación al Ministerio Fiscal.

Se notificará la incoación del expediente a su sindicato y a la junta de personal, siempre que, preguntado al efecto, el funcionario no exprese su oposición a tal comunicación.

Se comunicará la incoación a la junta de personal, siempre que el funcionario consultado al efecto no se oponga a dicha comunicación.

Se comunicará la incoación a la junta de personal, siempre que el funcionario, igualmente consultado, no se oponga a dicha comunicacion.

Deberá notificarse dicha incoación a la correspondiente sección sindical, junta de personal o central sindical, según proceda, para que puedan ser oídas durante la tramitación del procedimiento.

Se notificará la incoación del expediente a su sindicato y a la junta de personal, siempre que, preguntado al efecto, el funcionario no exprese su oposición a tal comunicación.

Se notificará la incoación del expediente a la junta de personal, siempre que, preguntado al efecto, el funcionario no exprese su oposición a tal comunicación.

Se notificará la incoación del expediente a la junta de personal, siempre que el funcionario, igualmente consultado, no se oponga a dicha comunicación.

Ninguna de las restantes afirmaciones es correcta.

Graves, menos graves y leves.

Muy graves, graves y leves.

Graves, leves y apercibimientos.

Muy graves, menos graves y leves.

La desobediencia expresa a las ordenes o instrucciones de un superior, emitidas por este en el ejercicio de sus competencias, referidas a funciones o tareas del puesto de trabajo del interesado, salvo que sean manifiestamente ilegales.

La emisión de informes o la adopción de acuerdos o resoluciones manifiestamente ilegales, cuando se cause perjuicio grave al interes público o se lesionen derechos fundamentales de los ciudadanos.

La negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o de las funciones encomendadas cuando no constituya un notorio incumplimiento de éstas.

Causar daño grave en los documentos o material de trabajo, así como en los locales destinados a la prestación del servicio.

Obstaculizar las labores de inspección.

La realización de actividades declaradas incompatibles por la Ley.

La utilización de la condición de funcionario para la obtención de un beneficio indebido para sí o para un tercero.

La agresión grave a cualquier persona con la que se relacione en el ejercicio de sus funciones.

La negligencia en la custodia de documentos, así como la utilización indebida de estos o de la información que conozcan por razón del cargo, cuando tales conductas no constituyan falta muy grave.

La tercera falta injustificada de asistencia en un periodo de tres meses.

Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.

Toda actuación que suponga discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La tercera falta injustificada de asistencia en un periodo de tres meses.

Una falta de puntualidad al trabajo.

La ausencia injustificada por un dia.

El reiterado incumplimiento del horario de trabajo sin causa injustificada.

Las acciones y omisiones que hayan dado lugar en sentencia firme a una declaración de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la funcion por dolo o culpa grave.

La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio grave a los subordinados o al servicio.

El incumplimiento del deber de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

El ejercicio de cualquier actividad susceptible de compatibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, sin obtener la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.

El abandono del servicio.

La utilización de las facultades que tenga atribuidas, para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

La negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o de las funciones encomendadas cuando no constituya un notorio incumplimiento de éstas.

La utilización de la condición de funcionario para la obtención de un beneficio indebido para sí o para un tercero.

Con suspensión de empleo y sueldo.

Con apercibimiento.

Con separación del servicio.

Con traslado forzoso fuera del municipio de destino.

La falta de consideración con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos, cuando no constituya una infracción más grave.

El incumplimiento de los deberes propios de su cargo o puesto de trabajo o la negligencia en su desempeño, siempre que tales conductas no constituyan infracción más grave.

El retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones cuando no constituya falta más grave.

La falta de consideración grave con los superiores, iguales o subordinados, así como con los profesionales o ciudadanos.

Con separación del servicio.

Con suspensión de empleo y sueldo hasta 3 años.

Con apercibimiento.

Con multa de 2000 a 5000 euros.

El Ministro de Justicia.

El Ministerio de Justicia y las CCAA con traspasos en materia de justicia.

El Ministerio de Justicia.

El Ministerio de Justicia, a través del titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y los órganos que se determinen por las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, en relación con los funcionarios destinados en sus respectivos ámbitos de competencia.

Se dictará una resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará terminado el procedimiento por desaparición sobrevenida de su objeto, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que le pueda ser exigida, y se ordenarña el archivo de las actuaciones en todo caso.

Se dictará una resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará terminado el procedimiento por desaparición sobrevenida de su objeto, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que le pueda ser exigida, y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por el interesado se inste de forma motivada la continuación del expediente.

Se dictará un auto en la que, con invocación de la causa, se declarará terminado el procedimiento por desaparición sobrevenida de su objeto, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que le pueda ser exigida, y se ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que por el interesado se inste de forma motivada la continuación del expediente.

Ninguna de las otras respuestas es correcta.

Las faltas leves prescribirán a los 2 meses; las graves a los 6 meses, y las muy graves, al año. El plazo se computará desde la fecha de su comisión.

Las faltas leves prescribirán a los 6 meses; las graves al año, y las muy graves, a los 2 años. El plazo se computará desde la fecha de su comisión.

Las faltas leves prescribirán a los 2 meses; las graves a los 6 meses, y las muy graves, al año. El plazo se computará desde la fecha de la apertura del expediente disciplinario.

Las faltas leves prescribirán a los 2 meses; las graves a los 4 meses, y las muy graves, al año. El plazo se computará desde la fecha de su comisión.

A los 6 meses.

A los 3 meses.

A los 4 meses.

Al año.

El Ministerio de Justicia.

El Ministerio de Justicia y las CCAA con traspasos en materia de justicia.

El Ministro de Justicia.

El Ministerio de Justicia, a través del titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y los órganos que se determinen por las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, en relación con los funcionarios destinados en sus respectivos ámbitos de competencia.

Será preceptiva la incoación de expediente disciplinario.

Será voluntaria la incoación de expediente disciplinario.

Será obligatorio el trámite de información previa.

No será preceptiva la previa incoación de expediente disciplinario.

Ante el juez instructor.

Ante la Unidad Administrativa correspondiente.

Ante el Letrado de la Administración de Justicia.

Ante el Ministerio de Justicia.

El Letrado de la Administración de Justicia (antiguo Secretario Judicial) en la que preste servicios el funcionario expedientado.

Un funcionario destinado en la misma unidad que el expedientado.

Un funcionario que haya intervenido en los trámites de información previa.

Todas las respuestas son correctas.

Que puede actuar asistido de un letrado o de los representantes sindicales que determine.

Que deberá actuar asistido de un letrado o de los representados sindicales que determine.

Que puede actuar asistido de un letrado y de los representantes sindicales que determine.

Que deberá actuar de un letrado y de los representantes sindicales que determine.

No inferior a 1 mes.

Superior a 2 meses.

No superior a 1 mes.

No inferior a 6 meses.

15 días.

10 días

3 días.

1 mes.

Los hechos, que deberán guardar relación con los que se hicieron constar en el pliego de cargos y con las pruebas practicadas.

Su valoración jurídica para determinar la falta que se considere cometida.

La responsabilidad del funcionario, y se indicará la sanción que se estime procedente imponer o si procede, el archivo de las actuaciones.

Todas las restantes afirmaciones son correctas.

30 días desde la recepción del expediente por la autoridad competente y se pronunciará sobre todas las cuestiones planteadas en éste.

15 días desde la recepción del expediente por la autoridad competente y se pronunciará sobre todas las cuestiones planteadas en éste.

10 días desde la recepción del expediente por la autoridad competente y se pronunciará sobre todas las cuestiones planteadas en éste.

20 días desde la recepción del expediente por la autoridad competente y se pronunciará sobre todas las cuestiones planteadas en éste.

No excederá de 12 meses. Vencido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución que ponga fin al procedimiento, se producirá su prescripción.

No excederá de 15 meses. Vencido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución que ponga fin al procedimiento, se producirá su caducidad.

No excederá de 12 meses. Vencido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución que ponga fin al procedimiento, se producirá su caducidad.

Podrá exceder de 12 meses. Vencido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución que ponga fin al procedimiento, se producirá su caducidad.

El acto por el que cualquier persona, órgano o institución, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento del órgano competente para la incoación del procedimiento la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir una de las faltas relacionadas en los articulos 7, 8 ó 9.

El acto por el que cualquier persona, órgano o institución, en cumplimiento de una obligación legal, pone en conocimiento del órgano competente para la incoación del procedimiento la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir una de las faltas relacionadas en los articulos 7, 8 ó 9.

El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal o convencional, pone en conocimiento del órgano competente para la incoación del procedimiento la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir una de las faltas relacionadas en los articulos 7, 8 ó 9.

Ninguna de las otras respuestas es correcta.